La coalición trata de pasar página de la debacle que ha supuesto para la izquierda la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez quiso dejar claro que el varapalo de los socialistas no altera la hoja de ruta del Gobierno y se apresuró a poner fecha a las elecciones generales: enero de 2024. Aunque PSOE y Unidas Podemos miran de reojo los posibles anticipos electorales –por ejemplo en Andalucía– o la repetición de las catalanas, su intención es retomar la agenda legislativa que ralentizó la pandemia.
“El Gobierno está en lo importante”, ha repetido el presidente en sus últimas apariciones públicas, en las que ha enfatizado el ritmo de vacunación al que fía el inicio de la recuperación. Sánchez ha puesto una cuenta atrás para la inmunidad de grupo y las fuentes socialistas del Ejecutivo consultadas apuntan a que, una vez superado lo peor de la pandemia, no hay ninguna intención de adelantar el paso por las urnas para sacar el máximo rédito posible a los fondos europeos, mientras los socialistas ven con temor la reagrupación de la derecha en torno al PP y los movimientos a su izquierda. El PSOE tiene por delante el 40º Congreso, en el que aprovechará para reforzar la dirección del partido. Aunque el presidente siempre descarta hacer una crisis de gobierno, algunas fuentes socialistas apuntan a que ese puede ser el momento para hacer modificaciones.
Yolanda Díaz apuesta por “reiniciar la legislatura”
“Vientos de cambio”. Así definió el momento político la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a que el Gobierno aprobara la llamada ley rider. La dirigente gallega ha dado esta semana otro paso en la asunción de su nuevo rol al frente de Unidas Podemos.
Sin clarificar todavía su futuro electoral, Díaz sí ha tomado posiciones en los últimos días como líder del espacio político que hasta hace apenas unas semanas encabezaba Pablo Iglesias. Primero, retomando los contactos con los aliados de la investidura y de los Presupuestos. A principios de abril inició la ronda con el PNV, una elección extraña para algunos pero que desde Trabajo sostienen que fue fundamental para terminar de perfilar la propuesta de reforma laboral que España ha remitido a Bruselas. El partido vasco mostró públicamente su apoyo a la derogación de la modificación legislativa que el PP puso en marcha en 2012, lo que derribó las últimas resistencias en Moncloa.
La norma está ahora debatiéndose en la mesa del diálogo social. Pero Díaz tiene claro que debería estar lista en 2021. La vicepresidenta ha asumido por la pandemia un retraso de un año en su principal tarea legislativa, lo que ella llama el nuevo marco laboral del siglo XXI. Si se hubiera acometido antes que los ERE anunciados por la gran banca y que dejarán en la calle a decenas de miles de personas, estos tendrían que contar con el visto bueno de su ministerio. Desde 2012 ese paso administrativo no existe.
“Necesitamos reiniciar la legislatura para hacer los cambios que necesita la gente”, aseguró Díaz el pasado lunes. A su lado estaba el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. “Comienza una nueva etapa en la que nos verán mucho juntos”, añadía la también ministra de Trabajo. La vicepresidenta quiere “tejer” la alianza que en su día cosió Pablo Iglesias y que permitió la moción de censura que echó a Mariano Rajoy, la investidura de Sánchez y la aprobación de los Presupuestos de 2021 sin contar con el concurso de Ciudadanos.
Negociación con Catalunya y presos, pendientes de la repetición
Rufián se deshizo en elogios hacia Díaz. El dirigente independentista también habló de una nueva “agenda legislativa” y entrelazó la nueva legislatura que debería abrirse en Catalunya, donde se acerca el deadline para un acuerdo que impida una repetición electoral, y los casi tres años que el Gobierno sostiene que quedan a nivel nacional.
Sobre Catalunya ambos dijeron “compartir diagnósticos y soluciones”, sin precisar más, pese a la insistencia de los periodistas presentes en la rueda de prensa. “Ha llegado el tiempo de tomar decisiones”, se limitó a señalar Rufián, que planteó la necesidad de buscar “estabilidad en todos los niveles”. Yolanda Díaz dejó una frase que recoge una importante carga de profundidad: “Catalunya vuelve a estar dentro de España y va a estar dentro de España”. La vicepresidenta apeló a “normalizar las relaciones” y mencionó una “agenda legislativa catalana” que no acabó de desgranar.
“El Gobierno de España está en que haya cuanto antes un Gobierno en Catalunya y podamos retomar el diálogo territorial tan necesario”, le dijo Sánchez a Rufián el miércoles en la sesión de control al Gobierno. También ante la Ejecutiva de su partido se había referido a la voluntad de encauzar el conflicto político. No obstante, en el Ejecutivo ven cada vez más opciones para la repetición electoral. Unos comicios en Catalunya retrasarían las decisiones sobre los presos independentistas, como los indultos, para los que el Gobierno ha ido allanando el terreno. Los socialistas quieren alejar lo máximo posible una jugada así de las urnas para evitar el castigo de parte de su electorado.
La salida de Iglesias ha supuesto, además, un cambio en las relaciones dentro de la propia coalición. Sánchez y Díaz ya han departido en varias ocasiones –en los últimos meses ya no eran el presidente y el entonces vicepresidente quienes cerraban los desacuerdos– y las discrepancias han pasado a un segundo plano, al menos públicamente. “El Gobierno comandito y unido va a dar lo mejor de sí mismo”, expresó Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que aseguró que “lo mejor está por venir”. La vicepresidenta tercera se refirió a las “200 reformas” que se pondrán en marcha con el plan de recuperación y puso tres ejemplos de normas que prepara el Gobierno de distintos ministerios: la ley de memoria democrática [que Carmen Calvo quiere aprobar antes de que termine este periodo de sesiones pero que tiene bloqueada el Poder Judicial], la reforma de la Formación Profesional o las medidas para proteger a las 'kellys'.
Los socialistas aplaudieron esa intervención en la que Díaz dejó fuera los proyectos que suscitan mayor conflicto dentro de la coalición, como la ley de vivienda o la legislación LGTBI, que se están negociando ya fuera del plazo inicialmente previsto. El día anterior, Díaz había mencionado también la ley mordaza, que ha desaparecido de los titulares pero sigue vigente. Fuentes socialistas apuntan a que se está “avanzando” en esa reforma legal en el Congreso.
Que Díaz no mencione la ley de vivienda o las leyes que promueve el Ministerio de Igualdad no quiere decir que vayan a desaparecer de la agenda. La ministra de Derechos Sociales y previsible secretaria general de Podemos ha reanudado las negociaciones con el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos. Y la semana que viene se vota en el Congreso [a instancias de ERC, Más País, y otras fuerzas minoritarias] una propuesta de Ley Trans que intenta sortear por la vía parlamentaria el desencuentro en el seno de la coalición. El grupo de Unidas Podemos votará a favor de la propuesta de ERC.
Este jueves Díaz concluyó su semana de toma de posiciones en su espacio político con un primer discurso ante los diputados y diputadas de su grupo. Secundada por los ministros y secretarios de Estado de Unidas Podemos, la vicepresidenta intentó arengar a un grupo que ha perdido en dos meses a su principal referente político y orgánico.
“Vamos a por todas”, les dijo Díaz, quien insistió en el “nuevo tiempo” que se abre, aunque también advirtió contra “la política de Twitter” y la “desafección” hacia los políticos que se detecta entre una parte de la ciudadanía. “Asumamos la responsabilidad que está ya en nuestras vidas”, zanjó. Y para quienes detectan en su discurso una suerte de adanismo y de desapego por el pasado inmediato también habló: “Estamos en transición. Todo el mundo habla de Pablo Iglesias. Está aquí con nosotras, no tengamos ningún temor. Va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho”.
Reformas a largo plazo
Tras meses de tensiones internas y tras el varapalo del 4M, el Gobierno se esmera en dejar claro que queda un largo camino por delante y en poner sobre la mesa lo ya recorrido con la aprobación de leyes como la de cambio climático, la educativa o la eutanasia. Y sostiene que pondrá los cimientos para el futuro a medio y largo plazo en pilares como la transición ecológica, la igualdad, la cohesión territorial o la transformación digital, sobre los que Sánchez ha estructurado su mandato.
En ese paquete de medidas a largo plazo están iniciativas como la negociación de la financiación autonómica, para la que María Jesús Montero pretende hacer una propuesta “en breve”; los cambios en el modelo de cotización de los autónomos que, según los planes de José Luis Escrivá, no entrarían en vigor hasta 2023; la reforma del sistema de pensiones, que está diseñada para ejecutarse en varias fases durante los próximos años; o la reforma fiscal, que la ministra de Hacienda ha admitido que podría retrasarse más allá de 2023 en función del ritmo de la recuperación económica.