El objetivo de todos los partidos políticos, o al menos eso aseguran, es evitar que los españoles tengan que volver a votar en unas terceras elecciones generales en diciembre. Pero, de convocarse, todos están de acuerdo en que no deberían celebrarse el día de Navidad. Mariano Rajoy fue quien cogió el calendario para hacer los cálculos y fijó su debate de investidura para el pasado 31 de agosto y el 2 de septiembre, con lo que los dos meses hasta la disolución de las Cortes abocaba a los ciudadanos a votar el 25 de diciembre. El Gobierno tiene ahora tres semanas de plazo para responder de forma oficial a la proposición de ley que trata de evitarlo.
La amenaza de votar el día de Navidad y convertir el de Nochebuena en jornada de reflexión partió del presidente del Gobierno en funciones con el ánimo de colocar a Pedro Sánchez entre la espada y la pared. El líder del PP creyó, erróneamente, que así convencería al PSOE para que convirtiera su 'no' en una abstención.
Pero aunque todas las formaciones políticas coinciden en que el 25 de diciembre no es fecha para ir a las urnas, la iniciativa parlamentaria partió primero de Unión del Pueblo Navarro, que acostumbra a coincidir punto por punto en todas las votaciones y con quien concurre a las autonómicas en Navarra. Hay que recordar que un Ejecutivo en funciones no puede presentar iniciativas, por lo que se da por hecho que la proposición que UPN registró hace dos semanas contaba ya con el beneplácito previo del PP. A última hora de este martes, el PP anunció que ultima su propio texto en el mismo sentido.
Para conseguir que en vez del 25 los españoles voten el 18 de diciembre y además la campaña electoral de 15 días se reduzca a la mitad, es necesario reformar la LOREG. En concreto, el artículo 42 de la ley electoral, que es el que fija el plazo de 54 días entre la investidura fallida y la disolución del Congreso y del Senado. Una modificación de ese apartado señalaría que fuera de 47 días. Además, el retoque de otro artículo, el 51, acortaría los días previos de propaganda.
Los socialistas califican de “chapuza” el texto de UPN y anuncian que están dispuestos a enmendarlo aunque no han tomado la iniciativa para tratar de evitarlo. ¿El motivo? El miedo a ser señalados como los culpables de volver a las urnas. En Unidos Podemos también se declaran a favor de votar el 18 si no hay más remedio, pero sus líderes no se pronuncian sobre la iniciativa. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta, ya dejó caer hace semanas que estaba dispuesto a corregir su propia decisión.
Fuentes parlamentarias explican que la única fórmula posible para que el cambio legislativo llegue a tiempo para evitar los comicios en Navidad es que se haga por la vía de urgencia y por el trámite de lectura única, es decir, que vaya directamente al pleno y no pase por la correspondiente Comisión.
Al tratarse de la proposición de ley presentada por UPN la que se tramitaría -ya que ningún partido tiene intención de presentar una alternativa-, el Gobierno tiene de plazo hasta el 15 de octubre para fijar su criterio sobre la propuesta. Al no conllevar una modificación presupuestaria, podría hacerlo pese a estar en funciones. En la anterior legislatura, el Ejecutivo dejó en el cajón varios proyectos que llegaron desde el Parlamento. Fue el caso de la ley 25 de Podemos, por ejemplo, que se discutió pese al silencio de Moncloa.
Soraya Sáenz de Santamaría dijo que el Gobierno no obstaculizaría la reforma para evitar las urnas en el día de Navidad. Por eso los grupos dan por hecho que el pronunciamiento llegará antes de la fecha límite y que podrá tramitarse en el pleno de la semana del 4 de octubre. A partir de ahí, el texto pasaría al Senado, donde se aprobaría de manera definitiva antes de la disolución de las Cortes el 31 de octubre. En el hipotético caso de que el Ejecutivo no fijara su postura, se podría incluir el debate en el pleno de la semana del 18 de octubre en el Congreso y en el Senado, la siguiente, en la que ya hay prevista sesión plenaria.
En el PSOE tienen claro que la propuesta de UPN no llega a ningún lado puesto que su texto solo plantea reducir la campaña electoral una semana, pero no pretenden presentar una alternativa porque consideran que es el PP el que “debe solucionar el desaguisado que ha provocado”. Su intención es introducir enmiendas a ese proyecto que, a falta de la respuesta del Gobierno, está listo para su tramitación parlamentaria.
La idea de los socialistas es que la modificación legislativa solo afecte a los casos de repetición electoral. Para esas situaciones, el partido de Pedro Sánchez planteará cambiar el artículo 42 de la LOREG para reducir a 47 -frente a los 54 habituales- los días que tienen que pasar desde que se disuelven las Cortes hasta que se celebran los comicios. Además, en esos casos la campaña duraría la mitad (siete días). El PSOE también quiere regular el voto por correo para que la reducción del periodo entre que se disuelven las Cortes y se va a las urnas no perjudique a quienes están fuera de casa el día de las elecciones.