La elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Barakaldo avanza con la aprobación del Programa de Participación Ciudadana

La transformación urbana y social de Barakaldo ha sido evidente desde que, en agosto del año 2000, entró en vigor el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una herramienta fundamental para renovar la ciudad que afronta ya su recta final. Mientras tanto, está en marcha la elaboración de un nuevo PGOU.

Según han anunciado Carlos Fernández, segundo teniente de alcalde, y Juan Antonio Pizarro, concejal delegado de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, recientemente finalizó la primera fase del proceso, consistente en la recogida de información y la elaboración de estudios previos que arrojen un diagnóstico de la situación. Y, además, ha dado comienzo la segunda fase con la aprobación del Programa de Participación Ciudadana, que ha recibido el visto bueno del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal.

“Estamos dando pasos para diseñar el Barakaldo del futuro. Será nuestra segunda gran transformación urbana y social, la que redefinirá el modelo de ciudad para adaptarse al siglo XXI. Queremos utilizar este instrumento para mejorar la calidad de vida de los barakaldeses y barakaldesas con una visión medioambiental y socialmente sostenible, haciendo frente a desafíos como el cambio climático, el reto demográfico o la recuperación del tejido industrial”, ha avanzado Carlos Fernández.

En cualquier caso, Fernández ha dejado claro que este nuevo PGOU es una revisión del anterior; es decir, no es una vuelta a empezar ni supone dar pasos hacia atrás en los objetivos ya alcanzados: “Sobre la base actual nacerá otro Plan General cuyo horizonte temporal está fijado en 2040”.

El Programa de Participación Ciudadana pretende asegurar que la ciudadanía conozca qué es un Plan General de Ordenación Urbana e implicar a todos y todas en la elaboración de este importante instrumento: desde sus inicios hasta su redacción final. Y esta participación se canalizará a través de reuniones y foros ciudadanos, sesiones de trabajo, exposiciones y talleres temáticos, entre otras herramientas. Todo ello se realizará con total transparencia utilizando todos los cauces posibles: desde los soportes en papel como los folletos, carteles o publicidades en prensa hasta los digitales mediante la difusión de información a través de la web municipal y las redes sociales.

Cuatro fases

Juan Antonio Pizarro ha detallado que el proceso tendrá cuatro fases: la primera será de aproximación, diagnóstico de la situación y elaboración de un Preavance del PGOU, después vendrá el Avance del Plan General de Ordenación Urbana y el Documento Inicial Estratégico (DIE), la tercera fase consistirá en la elaboración del documento completo de PGOU, que se someterá formalmente a información pública, y por último se acordará la aprobación provisional del Plan y, tras la tramitación administrativa correspondiente, su aprobación definitiva.

“Se ha formado un equipo técnico entre los expertos contratados para elaborar el PGOU y personal municipal para guiar y llevar a buen término cada parte del proceso”, ha apuntado Pizarro.

El concejal ha garantizado que se tendrá en cuenta a los diferentes agentes sociales, técnicos y económicos, y el Programa de Participación Ciudadana recoge especialmente la participación de las asociaciones vecinales y medioambientales, sindicatos, jóvenes, mujeres, entidades deportivas, comerciantes, hosteleros, asociaciones de jubilados, viudas y pensionistas, personas con discapacidad, organizaciones de consumidores, Cáritas, colegios profesionales, agencias de desarrollo local, sociedades municipales, asociaciones de madres y padres de colegios (AMPAs), personas migrantes, centros regionales y asociaciones relacionadas con el patrimonio cultural. Esta relación será lo más abierta posible para no excluir a nadie.

Además, durante el proceso se consultará a instituciones con competencias en diferentes materias como la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco (incluyendo entidades como la Agencia Vasca del Agua-URA, IHOBE, Eusko Trenbide Sarea o la Ertzaintza) y el Gobierno de España (en concreto, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea-AESA, a la Demarcación de Costas, a RENFE-Adif y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).