Lo primero que harán los representantes del Gobierno y la Generalitat al sentarse este miércoles en el marco de la comisión bilateral será aprobar el acta de la última reunión de ese órgano: fue en julio de 2011. Desde entonces la relación estaba congelada y distanciada hasta el punto de que Catalunya llegó a aprobar la desconexión de España. Unos meses después, la relación ha variado. El Ejecutivo central y el Govern catalán retoman de nuevo la comisión bilateral con un orden del día diverso. Ambas instituciones se dan por satisfechas con el hecho de sentarse en un momento en el que los independentistas fluctúan en su apoyo a Pedro Sánchez, que es consciente que buena parte del éxito o fracaso de su mandato depende de lo que suceda en Catalunya.
La decisión de reactivar ese organismo la tomaron Sánchez y Quim Torra en su reunión en Moncloa el pasado 9 de julio. Ese encuentro permitió al presidente español respirar aliviado. Ganaba tiempo y conseguía recuperar el diálogo con la Generalitat.
Ahora ambos gobiernos rebajan las expectativas de la reunión. Apenas 24 horas antes de producirse, la vicepresidenta, Carmen Calvo, se limitaba a enmarcarlo dentro de la normalidad. “Volvemos a una situación de la que nunca tendríamos que haber salido –expresó–. Estamos ante un hecho normal que se había convertido en anormal y lo tenemos que valorar”. Desde la vicepresidencia han destacado, por ejemplo, que la Generalitat haya enviado a la secretaria general de la Consellería de Presidencia a la reunión sectorial de Igualdad a la que asistían miembros de los gobiernos autonómicos.
Ninguna de las partes espera cerrar acuerdos concretos en esta primera reunión. “El objetivo es empezar los trabajos pendientes tras siete años de parón”, señalan desde el Ministerio de Política Territorial: “Es un paso hacia la normalización en los ámbitos en los que las dos partes creen que pueden llegar a acuerdos”. Esas materias tienen que ver con transferencias, inversiones, infraestructuras, demandas de financiación o en la revisión de las leyes que Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional. La intención de Meritxell Batet es analizar “caso por caso” las 16 normas catalanas que están a la espera de sentencia en el alto tribunal.
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, anticipó que no saldrán grandes pactos de la reunión del miércoles, aunque sí manifestó su esperanza en que sirva para dar “impulso político” a futuros acuerdos entre las dos administraciones. En cualquier caso, su desarrollo corresponderá a los “grupos de trabajo” que se designen tras el encuentro para materias relacionadas con transferencias de competencias e inversiones.
El choque: referéndum y presos
Para el Govern el punto fuerte de la reunión será en el que planteará la celebración de un referéndum en Catalunya así como la situación de los presos independentistas. La Generalitat logró colar ese punto en el orden del día, aunque las palabras están medidas: “Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Catalunya en materia de derechos y libertades y en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”. El gobierno catalán reclamará el derecho a la autodeterminación y la liberación de los “presos políticos”.
El Gobierno central acepta escuchar, aunque ya anticipa que su respuesta será un 'no'. Sánchez no está dispuesto a que se celebre una consulta sobre un “desacuerdo”, que sería la independencia de Catalunya, y tampoco pretende presionar a la Fiscalía para que cambie su criterio en el proceso judicial. No obstante, el cambio en la Moncloa supuso una variación en el discurso: Sánchez reconoció aún como líder de la oposición que el delito de rebelión por el que están procesados los principales miembros del anterior Govern no se adecúa al procés. El presidente también celebró que Alemania accediera a extraditar a Carles Puigdemont aunque fuera para juzgarle solo por malversación; pero la decisión del juez Pablo Llarena de renunciar a esa extradición supone un varapalo para el interés de Sánchez de que los responsables sean juzgados en España cuanto antes.
En cualquier caso, el Govern no encontrará en la delegación que encabeza Batet la respuesta que les satisfaga. No aceptará ni el referéndum ni pretende allanar el camino en el plano judicial. Lo que plantea la ministra de Política Territorial es que los catalanes voten un “acuerdo”, según dijo en una entrevista en La Vanguardia. Aunque las palabras son medidamente ambiguas, la propuesta de los socialistas es que se apruebe un nuevo Estatut en Catalunya y se lleve a cabo una reforma de la Constitución. Ambas modificaciones tendrían que someterse a referéndum.
El Gobierno de Sánchez trata de abundar en la división de los independentistas. En algunos sectores reconocen que les pondría en una situación más difícil que llegara a votarse el Estatut tal y como salió del Parlament en 2006. Por eso, los dirigentes independentistas avisan al Gobierno de que esa es una pantalla pasada.
El referéndum y la situación de los presos es el principal escollo para Sánchez. Los independentistas supeditan al avance en esas cuestiones el apoyo que le brindan en el Congreso para que lleve a cabo su acción de gobierno. El cambio en la dirección del PDeCAT con el que se impuso la tesis de Puigdemont llegó a reavivar el fantasma del adelanto electoral. La portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celáa, reconoció que “nadie” estaba pensando en elecciones pero que no aguantarían más de lo “razonable”. El PDeCAT subió el tono y aseguró que Sánchez tendría ahora su apoyo más difícil. “Si Sánchez no ofrece un referéndum, cada vez será más difícil el apoyo del PDeCAT al PSOE”, aseguró en una entrevista en eldiario.es el nuevo presidente de la formación independentista, David Bonvehí. Puigdemont aseguró que el “periodo de gracia” de Sánchez había terminado.
Ahora el Govern ha rebajado el tono de nuevo y Artadi ha asegurado que darán “cierto margen” a Sánchez. En el Gobierno creen que llegarán a un cierto entendimiento con las fuerzas que auparon al presidente en la moción de censura porque también a ellas les interesa. De hecho, cargan contra sus socios y el PP por rechazar los objetivos de déficit que daban flexibilidad financiera a comunidades en las que gobiernan y será uno de sus argumentos de campaña si se mantiene la negativa a llegar a acuerdos.
En Moncloa tienen una especial preocupación por lo que suceda en Catalunya en los próximos meses –desde la Diada hasta el 1-O– y admiten que de la situación y la gestión del Gobierno depende la gobernabilidad de Sánchez. Por ahora, ganan tiempo con avances en materias menos espinosas.