El presidente del Gobierno ha respondido al president de la Generalitat, Quim Torra, por colocar pancartas y lazos amarillos en edificios públicos. “No están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas”, ha dicho Pedro Sánchez en Bruselas, tras la cumbre de jefes de Gobierno.
Precisamente, mientras se producía la rueda de prensa de Sánchez, se conocía que el Govern de la Generalitat colgaba una nueva pancarta en su fachada.
A consecuencia de estas decisiones de Torra y su Govern, la Fiscalía ha anunciado una querella contra el president de la Generalitat. “La fiscalía del Estado va a querellarse, y no tengo nada más que decir. La Fiscalía es independiente y actúa en consecuencia a actos, que en este caso ha realizado el presidente Torra”, ha dicho Sánchez.
“Toda la polémica sobre los lazos”, ha proseguido el presidente, “demuestra que el problema en Catalunya es de convivencia, que hay una parte de catalanes que no se considera llamado ni atraído ni identificado con una simbología que es partidaria, asociada con movimientos políticos vinculados al independentismo. El problema en Catalunya no es la independencia, es la convivencia. Y las instituciones públicas tienen que salvaguardar su neutralidad. No están garantizando la neutralidad de las instituciones públicas”.
Según Sánchez, “en época electoral las resoluciones de la Junta Electoral Central hay que acatarlas, son como las normas en democracia. Todos las acatamos. Hay que acatarlas. Estamos al servicio de la Junta Electoral Central y sus resoluciones. A partir de ahí, el president Torra [quien ha anunciado una querella a su vez], en un sistema como el nuestro, democrático de derecho y garantista tiene las opciones que considere y que no tengo que valorar”.
Prudencia del Consejo de Ministros
Sin embargo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que se ha producido en Moncloa antes de la de Sánchez en Bruselas, ha sido, de nuevo, difícil encontrar posicionamientos más audaces que las consabidas referencias al respeto a las leyes o a la importancia de las instituciones, sin que sobre la mesa se plasme una sola opinión política sobre la actualidad. La precaución tiene que ver con la vigilancia a la que el Ejecutivo se siente sometido, tras la reprimenda que ayer mismo les dirigió la Junta Electoral Central por usar las redes sociales con fines partidistas.
Con esas nuevas reglas en periodo de máximo efecto, el Gobierno ha evitado ofrecer su opinión sobre el nuevo frente judicial que se le puede abrir al independentismo catalán, tras la decisión de la Junta Electoral de denunciar a Quim Torra ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia. La portavoz, Isabel Celaá se ha limitado a recordar que “en anteriores convocatorias electorales había lazos amarillos en las instituciones y no pasó nada”. Celaá ha asegurado que “sorprende la reiteración de determinadas fuerzas políticas reclamando que el Gobierno haga algo que no debe hacer”.
La frase de Celaá se refiere a las críticas que desde la derecha han señalado inacción del Ejecutivo en el conflicto de los lazos. La portavoz del Gobierno ha remarcado que es la Junta Electoral a quien compete poner, como ha hecho, el caso en manos de la justicia. Llegados a ese punto, los periodistas han preguntado qué opinión tiene el Consejo de Ministros sobre la reacción de Quim Torra anunciando una querella contra la Junta Electoral. Como única respuesta, Celaá ha ofrecido nuevas dosis de prudencia: “Es una cuestión electoral y no entraremos”.
“Neutralidad garantizada”
La portavoz del Ejecutivo también ha tenido que responder a la reprimenda que la Junta Electoral les ha dirigido este jueves al dar por probado que el Gobierno usó sus cuentas oficiales en Twitter para abordar cuestiones políticas y criticar a las formaciones con las que compiten de cara al 28-A.
“El Gobierno está a disposición de la Junta Electoral. En todas las cuestiones está a su disposición”, ha señalado la portavoz. Según Celaá, Moncloa no cambiará los modos de uso de sus redes sociales porque el episodio denunciado por el PP y aceptado por los magistrados de la JEC se produjo “en el momento del linde de separación del periodo electoral y el no electoral”.
Con este argumento, el equipo de Sánchez da a entender que el error se produjo por criterios fronterizos y por ello aseguran que “la neutralidad política está garantizada”. Traducido, las ruedas de prensa del Consejo de Ministros seguirán discurriendo por los cauces de una prudencia tan exagerada que lleva al Gobierno a no hablar de casi nada.