El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional cualquier vinculación con la trama corrupta Púnica y ha apuntado al que fuera gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. En su declaración ante el magistrado Manuel García Castellón, González ha reiterado en varias ocasiones que no tenía ninguna responsabilidad en materia de contratación y tampoco en cuestiones contables o económicas ni en el partido ni en el Gobierno regional del que fue vicepresidente entre 2003 y 2012 y presidente entre 2012 y 2015. Ha asegurado que de las cuentas de las campañas electores que son objeto de investigación en esta causa se encargaba el exgerente Beltrán Gutiérrez.
Los investigadores de la trama Púnica, sin embargo, le atribuyen un papel decisivo en la maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del partido. El sumario del caso lo sitúa en una reunión que se considera clave en el sistema de financiación irregular del PP madrileño y en la que también habrían estado presentes la propia Aguirre y su otro gran colaborador, Francisco Granados, con el que González mantiene una enemistad de años.
En esta cita, celebrada según varios testigos en 2004, Aguirre habría dado “instrucciones” a los consejeros de su Gobierno para que se contara con el empresario Horacio Mercado y su firma Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad. Ante el juez, González ha reconocido la existencia de esta reunión y la participación de Aguirre en ella, si bien ha asegurado que no se dio ningún tipo de instrucción para contratar a este empresario y que únicamente se presentó el eslogan “La suma de todos” ideado por este publicista.
En su declaración ante la Guardia Civil, Mercado situó a la expresidenta en este y otros encuentros en los que se habrían urdido los amaños de la trama. El sumario contiene indicios de que, a partir de esa cita, el “control” de de las campañas de publicidad de las consejerías del Gobierno regional se ejerció desde la Vicepresidencia que dirigía González, aunque contó en todo caso con la “supervisión” de Aguirre.
González sí ha negado la existencia de otro encuentro considerado clave en la trama, el que supuestamente mantuvo en 2012 con directivos de las empresas públicas Canal de Isabel II e ICM a los que habría pedido un millón de euros. Según los investigadores, González pretendía con estos fondos “sanear” la caja B del PP madrileño, que había quedado “maltrecha” tras la campaña de las autonómicas de 2011. Ante el juez, el expresidente ha negado que existiera esa reunión y ha asegurado que nunca se reunió en privado con el directivo de ICM José Martínez Nicolás, tal y como apuntó en su declaración ante el juez un exdirectivo de esa empresa también imputado.
El expresidente regional también ha sido preguntado por la llamada cláusula del 1%, por la que supuestamente se obligaba a las constructoras de infraestructuras públicas a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Sobre esta cuestión ha dicho que fue “idea” del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y que sólo recuerda que existiera en ese departamento del Gobierno regional.
Este lunes, también en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Lamela negó que esa cláusula fuera una mordida para fiananciar al partido y aseguró que se utilizó como mecanismo para informar a los madrileños de la apertura de seis nuevos hospitales. El exconsejero también situó a Aguirre en la citada reunión de 2004, aunque matizó que el mensaje que se transmitió a los consejeros presentes en ese encuentro era que había que “invitar” a las sociedades de Mercado para que fueran unas de las tres a tener en cuenta en las licitaciones de los diferentes departamentos del Ejecutivo regional. Y señaló al exconsejero Alberto López Viejo, quien cumple prisión por el caso Gürtel, y la entonces directora de Comunicación, Isabel Gallego, como los encargados de las licitaciones.
Este jueves también estaba citada como investigada la exsenadora y exdiputada del PP Gádor Ongil, que fue presidenta de Fundescam, la fundación del partido que se investiga como uno de los vehículos utilizados para recibir fondos opacos de la trama Púnica. Ongil ha reconocido que la sede de la fundación estaba en la planta primera del edificio de la calle Génova de Madrid en la que también se ubica la sede nacional y regional del PP y, al igual que González, ha apuntado al exgerente Beltrán Gutiérrez, que se encargaba de todas las cuestiones de carácter económico y contable.