El instituto armado ha registrado las sedes en Hospitalet y Terrasa de Unipost para interceptar material como las tarjetas censales y las citaciones para formar parte de las mesas electorales del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional. El pasado viernes concluyó el plazo para este tipo de comunicaciones habituales en los procesos electorales.
Fuentes de la investigación han explicado que, cumpliendo con el mandato judicial, la Guardia Civil ha procedido al registro de Unipost, una empresa privada de mensajería, tras el rechazo de Correos de enviar las notificaciones del referéndum. Poco después de conocerse la decisión de la empresa pública, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes recibirían “muy pronto” las tarjetas censales.
En 2014, Unipost ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9N. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa Unipost para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda.
Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, la Fiscalía quería saber entonces qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
Unispot forma parte del entramado empresarial de la familia Raventós, propietaria del Grupo Codorníu. En julio de 2017 la filial de mensajería declaró la suspensión de pagos debido a las deudas acumuladas con la Agencia Tributaria.