La Guardia Civil ha concluido que la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural financiaron la última fase del proceso soberanista en Catalunya con un total de 1,5 millones de euros. Así figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado a la causa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación que se sigue en el Tribunal Supremo, y en la que figuran como investigados, entre otros, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por su actividad al frente de esas asociaciones.
En el informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, la Guardia Civil analiza las cuentas requeridas a ambas asociaciones en un periodo de tiempo que establece entre el 7 de septiembre, por ser la fecha de admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso contra Ley del Referéndum aprobada por el Parlament, y el 11 de octubre, día en el que se produce la primera remisión de movimientos de las cuentas bancarias de ANC y Omnium que había solicitado la jueza Carmen Lamela, instructora de las diligencias por el 1-O en la Audiencia Nacional.
Los investigadores dividen en nueve conceptos los gastos de las asociaciones separatistas en dicho periodo. El más cuantioso es el de Marketing y Publicidad, con 559.625 euros desembolsados. En segundo lugar está el gasto en empresas de autobuses, que asciende a 353.808 euros, seguido de la “informática”, con 222.414 euros.
La posible relevancia para la causa del informe es expuesta por el teniente coronel de Delitos Económicos de la UCO en un escrito de introducción remitido a la jueza Lamela, destinataria original del documento. Se trata, escribe, de “identificar aquellos gastos que se han realizado de manera puntual, pudiendo estar orientados a dar soporte a las concentraciones, manifestaciones o movilizaciones que se señalarán (entre ellas las de los días 20 y 21 de septiembre) y aquellos que pudieran ser compatibles con el fin de apoyar, de manera general todo el proceso, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.
La Guardia Civil afirma que existen varias acciones que pudieron necesitar del desplazamiento de autobuses, entre ellos el referéndum del 1-O, para evitar la actuación de las Fuerzas de Seguridad. “Podrían haberse trasladado individuos en autobuses a los puntos que más interesasen a los organizadores, sumándose ésos, de esta manera, a aquellos ciudadanos que estuviesen presentes en los mismos, reforzando la oposición al mandato judicial”, recoge el informe de la UCO.
La Guardia Civil también se refiere al presunto pago de autobuses para la protesta frente a la imprenta Artyplan, registrada el pasado 16 de septiembre. O el 19 de septiembre en la empresa Unipost. Los autores del informe también sospechan que se pudieron sufragar autobuses para el acoso a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a Catalunya con motivo del 1-O, así como en la huelga del 3 de octubre.
El juez Llarena centra gran parte de las acusaciones contra los 'Jordis', Oriol Junqueras y Joaquim Forn en su participación en la protesta ante la sede de Conselleria de Economia. El informe de la Guardia Civil también alude a una supuesta financiación de esa protesta a través del “avituallamiento” que se repartió entre los congregados. La UCO identifica un pago a la empresa Cobida, supuesta responsable del suministro.
De igual forma recoge el pago a Kiloenergia, que habría suministrado “soporte de energía a los equipos montados frente al TSJC en el que se exigía la puesta en libertad de los detenidos y que podría haber prestado sus servicios, igualmente, en las concentraciones del día anterior y de la madrugada del mismo día 21”. En apoyo a eventos, la UCO concluye que ANC y Omnium gastaron 166.284 euros en el periodo referido.
“En términos de presunción”
La UCO especifica que se trata de un documento “en base a los indicios obtenidos” y que “cada una de las conclusiones expuestas el mismo se hacen en términos de presunción”. A lo largo del documento, los agentes explican que hay pagos que pueden haberse realizado en el periodo investigado pero que corresponden a uno anterior, no vinculado a los hechos, y que para ello deberían ser citados los responsables de las empresas aludidas para que aclaren tal situación.
Completan los apartados de gastos “Imprentas, copisterías o servicios análogos” (69.480 euros), “Seguros” (7.615 euros), “Medios de comunicación” (9.032 euros), “Comunicaciones” (93.131 euros) y “Mensajería” (88.375 euros).