El informe de la Guardia Civil que apunta al ministro Illa y a Simón por tolerar el 8M desencadena una crisis en Interior

Un informe de la Guardia Civil sobre la posible responsabilidad penal de las autoridades por haber permitido la marcha feminista del 8M aviva el principal argumento de la derecha para cargar contra la presunta imprevisión del Gobierno en la crisis de la COVID-19. El documento, solicitado por la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, señala también al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación mientras desaconsejaron otras concentraciones durante los días previos al estado de alarma. De este último llega a decir que algunas de sus palabras “implican un propio riesgo para la comunidad”.

El informe ha sido redactado por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid a petición de la jueza del caso, Carmen Rodríguez-Medel, conocida por haber instruido el caso Máster contra Cristina Cifuentes. En el mismo, el instructor del atestado no atribuye delitos a Simón ni a Illa, pero concluye que tanto ellos, como parte de la cúpula del Ministerio de Sanidad, conocían los riesgos y que aún así toleraron el 8M mientras prohibían otras manifestaciones, según el atestado en poder de eldiario.es.

Esas supuestas decisiones son las que avalan la imputación del delegado del Gobierno en Madrid y a la vez secretario general del PSOE por un delito de prevaricación administrativa, dictar resoluciones injustas a sabiendas, que no está penado con cárcel pero sí con inhabilitación para cargo público.

La trascendencia de la alusión a la marcha feminista en el informe es que este es el motivo de la causa judicial a partir de la denuncia de un particular contra el delegado del Gobierno en Madrid, que admitió a trámite Rodríguez-Medel y no así otras concentraciones multitudinarias de ese fin de semana, como el partido del Atlético de Madrid, que congregó a más de 60.000 personas el 7 de marzo, o el mitin de Vox al día siguiente en el Palacio de Vistalegre, con 9.000 asistentes según los organizadores.

Algunos aspectos del informe de la Guardia Civil aparecieron en una información de El Confidencial el pasado viernes, pero no fue hasta este lunes, cuando prendió la llama del atestado, antes incluso de que se conociese en toda su extensión: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, quien ejerciera en el pasado como mando único con motivo de la crisis catalana de octubre de 2017.

El Ministerio del Interior se limita a señalar que ha destituido a Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza”. El motivo que se le trasladó al propio coronel es no haber informado a sus superiores de la existencia del citado informe y de su entrega al juzgado. La decisión ha creado un incendio en la cúpula de la Guardia Civil, donde Pérez de los Cobos es uno de sus mandos con más ascendente.

Esos mandos se han tomado el cese de Pérez de los Cobos como un intento de intromisión política intolerable en investigaciones judicializadas donde los guardias civiles actúan como “policía judicial” y solo responden ante el magistrado instructor. Uno de ellos recordaba los intentos del ministro Jorge Fernández Díaz por conocer las operaciones anticorrupción que la Unidad Central Operativa (UCO) desarrolló durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra dirigentes del Partido Popular y cómo el instituto armado ha resistido siempre a esas presiones.

La propia jueza Rodríguez-Medel citaba el Real Decreto sobre actuación de la Policía Judicial en un auto que dio a conocer poco después de que trascendiera la destitución de Pérez de los Cobos. En su resolución, Rodríguez-Medel cita como investigado al delegado del Gobierno en Madrid para el próximo 5 de junio y escribe a los guardias civiles a sus órdenes: “Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta magistrada-juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos”.

Fuentes del instituto armado han asegurado a eldiario.es que Pérez de los Cobos desconocía el contenido del informe ni si había sido siquiera entregado a la magistrada. El coronel de una comandancia no ejerce como mando de Policía Judicial y Pérez de los Cobos se guarda de inmiscuirse en las investigaciones que dirige un juez, un proceder que conoce bien porque precisamente fue capitán hace años de la misma unidad de Policía Judicial de Madrid autora ahora del polémico informe.

Además, Rodríguez-Medel advirtió al actual capitán de la unidad de la reserva que debía tener su trabajo, especialmente cuando el superior político de la comandancia de la Guardia Civil es el único imputado en la investigación, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. El desconocimiento de las diligencias por parte de Pérez de los Cobos fue trasladado por éste la noche del domingo al general de zona, el primero en telefonearle para interesarse por las diligencias, y después a la directora del Cuerpo, María Gámez, quien sin embargo ya había recibido la orden de destituir al coronel.

Las fuentes consultadas aseguran que la Guardia Civil intentó que la investigación del Juzgado número 51 fuera asumida por la Unidad Central Operativa (UCO), con el argumento de que se menciona en la denuncia a todas las delegaciones del Gobierno, tienen competencia en toda España y son una unidad de élite, pero fue la jueza Rodríguez-Medel quien insistió y decidió trabajar con la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid por haber coincidido en otros casos con sus miembros en el pasado.

“Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. Es un aviso a navegantes”, denunció la APROGC en un comunicado que advertía al ministro del Interior: “No todo vale en la vida”. Otra asociación, la Unión de Oficiales, acusó a Grande-Marlaska de estar “manchando la imagen de la Guardia Civil”. “Están creando la sospecha en la opinión pública de que (el informe) se debe a motivos ideológicos y políticos, afectando gravemente a la independencia y neutralidad”, reza su nota. PP, Vox y Ciudadanos han solicitado que el ministro del Interior explique el cese en el Congreso.