La Guardia Civil detiene al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo, y su hombre de confianza en el Canal de Isabel II han sido arrestados esta mañana en Madrid dentro de una nueva operación contra la corrupción ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestaban a primera hora al expresidente madrileño en su chalet de Aravaca, ubicado en una urbanización de lujo al oeste de la capital, donde el registro se ha prologando durante más de cuatro horas.
El operativo, que acumula 12 arrestos y una treintena de inspecciones en organismos públicos, domicilios particulares y empresas, que se prolongarán durante las próximas 48 horas, persigue presuntas operaciones fraudulentas en el Canal de Isabel II, la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid, durante la época de Ignacio González. Los investigadores sospechan que a través de algunas compraventas de filiales en Latinoamérica, los arrestados podrían haber desviado fondos hacia su patrimonio personal. Una empresa de la esposa de González, Lourdes Cavero, Subastas Segre, también está siendo registrada.
En la operación que coordina el juez Velasco, el instructor también del sumario Púnica, participan los fiscales Anticorrupción Carmen García y Carlos Yáñez, han informado a eldiario.es fuentes próximas a las pesquisas. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos muy graves: prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.
En la misma causa está imputado el presidente de La Razón, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda. Según fuentes de la investigación, se les imputa no por su relación con la trama, sino por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, para tratar de exculpar a Edmundo Rodríguez, uno de los personajes claves de las irregularidades del canal y que a la vez es consejero de La Razón.
El despliegue de la Guardia Civil es tan amplio que las detenciones y la treintena de registros que se prevé practicar podrían alargarse durante 48 horas. El inicio de la investigación tiene su origen en una denuncia presentada en octubre de 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción. Un año más tarde fue el propio Gobierno de Cristina Cifuentes quien remitió un nuevo escrito al ministerio público que advertía sobre graves irregularidades en operaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
El Consejo de Administración de la empresa pública -con mayoría de vocales que son dirigentes afines a Cristina Cifuentes- decidió el pasado junio judicializar las operaciones de sus anteriores gestores, personas de confianza de Ignacio González. En esa segunda denuncia presentada ante la fiscalía se ofrecían detalles sobre el procedimiento de adquisición de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccoes, una firma cuya valoración cayó en medio año en cinco millones de euros. El Canal de Isabel II es la principal empresa pública de la Comunidad, con un presupuesto de 1.050 millones de euros y más de 2.000 empleados.
La documentación remitida a la Fiscalía incluía los expedientes de una de las operaciones más polémicas del Canal, que se fraguó mediante un complejo entramado financiero en octubre de 2013, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su mano derecha, el consejero Salvador Victoria, ejercía la presidencia del Canal.
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid también se dirigieron a la Fiscalía el pasado marzo para entregar un amplio expediente sobre la citada operación. Podemos, Ciudadanos y PSOE consideran que la compra por parte del Canal de la sociedad Emissao Engenheria e Construçao causó a las arcas públicas un quebranto de 35 millones de euros en una actuación que podría ser constitutiva de los delitos de administración desleal y prevaricación, entre otros.
En el centro de toda la operación está Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa hasta que fue destituido el pasado 16 de abril por la actual dirección del Canal de Isabel II cuando se desveló que también él tenía vínculos con varias sociedades de Hong Kong (considerado paraíso fiscal hasta 2014). Rodríguez Sobrino ha sido detenido esta mañana por la UCO, han informado las fuentes consultadas.
Rodríguez Sobrino también era un hombre de la máxima confianza de González con el que llegó a visitar Cartagena de Indias durante un viaje en el que ambos fueron espiados, supuestamente por enemigos internos del Partido Popular de Madrid. Con el cese de Rodríguez Sobrino, trascendió su privilegiada posición en la empresa: cobraba un salario mensual de 26.000 euros por ejercer la presidencia ejecutiva de Inasa desde Bogotá mediante un contrato mercantil suscrito con su bufete de abogados.
Los agentes de la UCO han bautizado la investigación entorno a la empresa de aguas como 'Operación Lezo', en referencia al marino español del siglo XVIII Blas de Lezo, quien protagonizó la defensa de Cartagena de Indias frente al ataque inglés en 1741. Es esa ciudad donde fueron grabados por una agencia de detectives Ignacio González y Rodríguez Sobrino.
Velasco ha citado esta misma mañana en la Audiencia Nacional a Cristina Cifuentes, a su mano derecha en el Gobierno, Ángel Garrido, a la directora de Comunicación de la Comunidad, Marisa González, y al nuevo gerente del Canal, Rafael Prieto, todos en calidad de testigos, sobre la denuncia que presentó el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid contra sus predecesores en la empresa pública.
