La causa judicial que arrancó bajo el discreto nombre de 'operación Delorme' ha dado un salto hacia adelante esta semana con la declaración del empresario Víctor de Aldama. Una comparecencia con la que se ganó la libertad y la confianza de la Fiscalía al reconocer el papel de corruptor que se le atribuye, pero también imputar un trasiego de sobres con políticos no relacionados con el caso y acusaciones, de momento sin pruebas, que apuntan hasta el Presidente del Gobierno. Un caso a caballo entre dos juzgados de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y con la extrema derecha intentando desde hace meses que reviva la investigación sobre Delcy Rodríguez e incluso que se solape con la causa contra Begoña Gómez.
Víctor de Aldama fue detenido por primera vez en febrero de este año, en el marco de una operación contra la corrupción en la que su nombre apenas destacó. La 'operación Delorme', como se bautizó entonces, tenía como gran protagonista a Koldo García, sombra del exministro José Luis Ábalos, y bajo la lupa, adjudicaciones millonarias de la pandemia a empresas que suministraron material sanitario, sobre todo mascarillas. Una docena de adjudicaciones públicas por 53 millones a la empresa Soluciones de Gestión SL en cuyo ovillo societario, como tantos actores secundarios de este tipo de tramas, estaba Aldama.
Para entonces, de cara al gran público, la carta de presentación de Víctor de Aldama era haber sido dirigente del Zamora Club de Fútbol. Pero el sumario le fue otorgando un papel clave en una trama que, según investiga la Audiencia Nacional, usó sus contactos en las administraciones públicas y su cercanía a Ábalos para conseguir contrato tras contrato, comisiones y dádivas mediante y con el restaurante 'La Chalana' de Madrid como base de operaciones. Adjudicaciones en ministerios y empresas estatales pero también en comunidades autónomas como Canarias o Balears, gobernadas entonces por el PSOE.
Sepultado entre el aluvión de titulares dedicados a la vertiente más política del caso, Víctor de Aldama pasó razonablemente desapercibido y en libertad provisional hasta su segunda detención en octubre de este año. Otro juzgado de la misma Audiencia Nacional desmanteló una organización dedicada, supuestamente, a defraudar hasta 182 millones de euros en impuestos de las ganancias del lucrativo sector de los hidrocarburos. Ese día el juez envió al empresario y comisionista a prisión provisional sin fianza.
Otra vez “entramados societarios instrumentales”, describió la Fiscalía, unidos a “una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración”, pero no para conseguir contratos públicos, sino para usar empresas pantalla que compran gasolina sin pagar IVA y que, para cuando la Agencia Tributaria llama a su puerta para recaudar el tributo, ya han desaparecido del mapa. Un carrusel de defraudación de impuestos, habitual en los juzgados de la Audiencia Nacional, pero sin las implicaciones políticas que sí ofrecía el caso Koldo, que, a estas alturas es ya el caso Ábalos, el exministro de Fomento y antiguo número dos del PSOE, hoy desahuciado por su partido y representándose a sí mismo con un escaño en el Congreso.
Dos jueces de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno y Santiago Pedraz, investigando dos causas distintas con un mismo protagonista: Víctor de Aldama. Bajo la batuta de su abogado, José Antonio Choclán, pidió declarar en una causa para quedar libre en la otra. Durante dos horas dio todo tipo de datos y detalles al juez Moreno sobre su papel en el 'caso Koldo' y de forma casi simultánea pidió al juez Pedraz quedar en libertad en la causa relativa al fraude masivo de los hidrocarburos.
Anticorrupción entiende que, en la práctica, ha reconocido los delitos que se le atribuyen, ha dado detalles que pueden ayudar a esclarecer nuevos delitos y que, por tanto, ya no hay riesgo de que se fugue. El Ministerio Público entiende que sus afirmaciones más llamativas –que el Presidente del Gobierno quiso hacerse una foto con él y no al revés como afirma el propio autor de la imagen– no son relevantes pero que el grueso de su declaración le ha sido de utilidad. El juez Pedraz, sin margen para hacer otra cosa, lo dejó en libertad la tarde del jueves. Y nada más salir de la prisión, ante los micrófonos volvió a dirigirse al presidente del Gobierno, que esa mañana le había acusado de inventarse lo que tiene que ver con él: “Que no se preocupe, que tendrá pruebas”.
La declaración de Víctor de Aldama tuvo el formato de bomba de racimo habitual en los grandes casos de corrupción con vertientes políticas. Desde empresarios como David Marjaliza, a cuya confesión masiva del caso Púnica los jueces dieron credibilidad, hasta la infinita sucesión de fotografías del 'Mediador' Navarro Tacoronte, los jueces siempre tienen el trabajo de diferenciar las pruebas creíbles de los fuegos artificiales. Y las particularidades del caso han hecho que el juez Ismael Moreno haya puesto estas dos horas de declaración de Víctor de Aldama no solo en conocimiento del juzgado que lo investiga por la trama de hidrocarburos, sino también de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La imputación de Ábalos, a la espera
La ramificación más política del caso lleva varios días en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. A petición de la Fiscalía, el juez decidió llevar una parte de la causa hasta la sala que juzga a los aforados en España para que se investigara el papel de José Luis Ábalos en la trama que, supuestamente, lideraba su mano derecha Koldo García. El tribunal, por ahora, se ha limitado a asumir el caso sin poner en marcha ninguna diligencia. Pero ahora tiene nuevo material encima de la mesa. La confesión de Víctor de Aldama que el resto de señalados niegan entre otras cosas por una falta de pruebas que el empresario, a las puertas de la cárcel, se comprometió a subsanar.
El empresario poliimputado afirma que pagó comisiones a Koldo García (100.000 euros), a José Luis Ábalos (250.000 euros) e incluso a personas que no figuran en las diligencias del caso: Santos Cerdán, actual número dos del PSOE y el hoy ministro Ángel Víctor Torres, que han anunciado acciones legales por la falsedad de la imputación. De algunas de las cosas que contó ya sabían los jueces, como que su contacto con Koldo García fue su hermano escolta Rubén de Aldama, su gran influencia en México como agregado comercial y que fue el encargado de canalizar las comisiones que salieron del negocio millonario de la pandemia.
En la Audiencia Nacional Aldama también dedicó tiempo a matizar o limar algunas conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Engrasar la máquina”, algo que se atribuía a regar de billetes a los trabajadores públicos que buscaban corromper, significa según el empresario “engrasar la máquina del Zamora” y conseguir el ascenso del equipo de fútbol. Y el dinero que daba de forma recurrente a un comandante de la Guardia Civil, añadió, no eran dádivas sino una forma de financiar su propia colaboración con la unidad antiterrorista del cuerpo. En su larga declaración aseguró que se le pidió dinero para un colaborador de la ministra María Jesús Montero a cambio de facilitar un trámite a una de sus empresas.
Los detalles sobre su relación con José Luis Ábalos, que el propio Ábalos ha negado de forma tajante mientras vuelve a pedir declarar una vez más, serán examinados por el juez del Supremo que instruye el caso. “El señor Ábalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba”, explicó Aldama para a continuación afirmar que vio con sus propios ojos cómo a veces era el entonces ministro el que recogía personalmente los paquetes de dinero. O que accedió a pagar un piso en Madrid para una mujer con la que Ábalos mantenía “una relación extramatrimonial” y que supuso más de 80.000 euros repartidos en varias anualidades.
Del viaje de Delcy Rodríguez al rescate de Air Europa
De la Audiencia Nacional, la declaración de Víctor de Aldama ha dado el salto al Tribunal Supremo, donde José Luis Ábalos se ha comprometido a desmentir las acusaciones que pesan sobre él sin haber podido declarar en casi un año de investigación. También dedicó una parte de su comparecencia a relatar su relación con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su fugaz paso por España en febrero de 2020 a pesar de tener prohibida la entrada en territorio Schengen.
Según su versión, varios ministerios españoles estaban al tanto de la visita y fue el mismo día de su llegada cuando prácticamente le piden que el avión dé la vuelta en pleno vuelo y regrese a Caracas por donde ha venido. El asunto ya fue analizado por la vía penal, tanto por un juzgado de Madrid como por el propio Tribunal Supremo, donde los jueces entendieron que no había delito de prevaricación aunque se hubiera incumplido la normativa internacional. Más recientemente, un juzgado de la capital ha rechazado la petición de Vox de reabrir el caso, aunque es previsible que la declaración de Aldama sea usada en nuevos intentos de resucitar las diligencias.
Otra parte de la declaración giró en torno al rescate de cientos de millones de euros a Air Europa, desde hace meses bajo la lupa de las acusaciones populares de extrema derecha que comparte el caso Koldo con la investigación a Begoña Gómez en el juzgado de Juan Carlos Peinado. Aldama no dio muchos detalles más allá de explicar que estuvo implicado en la negociación del rescate. Una de las obsesiones de acusaciones como Vox, HazteOir, Iustitia Europa o Liberum, que llevan meses intentando unir de alguna manera las diligencias del caso Koldo con las de Begoña Gómez, por ahora sin éxito.
Las dos horas de declaración de Víctor de Aldama están ya en manos de dos juzgados de la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y la porosidad de acusaciones entre estos casos y el de Begoña Gómez hacen factible que sus afirmaciones lleguen también a la mesa de Juan Carlos Peinado para intentar abrir la puerta del rescate de Air Europa cerrada hace meses por la Audiencia Provincial de Madrid.
Por el momento, la mayor parte de sus afirmaciones se basan en sus propias palabras aunque la Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las que tienen que ver con las causas que la Audiencia Nacional instruye contra él. Tanto el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como todos los políticos socialistas señalados han desmentido sus acusaciones y han anunciado acciones legales contra él.
Vox, personado en la causa contra sus rivales políticos, ya ha dejado claro que considera esta declaración como munición con la que disparar contra la cúpula del Gobierno y ha pedido la imputación de Pedro Sánchez y otros cuatro ministros del ejecutivo. Con respecto a Santos Cerdán, que según Aldama cobró una comisión de 15.000 euros, el partido de Abascal se conforma con que acuda como testigo. El escenario judicial del caso bautizado como Delorme, Koldo y Ábalos es muy distinto al de hace una semana: el empresario Víctor de Aldama está en libertad aunque con medidas cautelares y su confesión, idónea para pelear una posible rebaja de condena en el futuro en las que es especialista su abogado, ha provocado un terremoto judicial y político que le otorga, en la práctica, todos los focos en el mayor problema judicial del Gobierno desde la moción de censura de 2018.