Cuando parecía que, por fin, se iba a remediar la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve casi cuatro años con el mandato caducado, el Partido Popular lo volvió a hacer. Los conservadores anunciaron en la noche del jueves la ruptura unilateral de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo ello a pesar de que ambas partes habían dado por hecho en los últimos días que el acuerdo era inminente. La excusa que ha puesto ahora el partido de Alberto Núñez Feijóo es la reforma del delito de sedición a la que el Ejecutivo se ha comprometido con ERC. Este viernes, el propio Feijóo voló todos los puentes con el actual Gobierno al afirmar que “los pactos de Estado llegarán con este PP y con otro PSOE”.
Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se han resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado. Por un lado, al conservar la mayoría en un órgano que hasta marzo de 2021 siguió haciendo nombramientos en la cúpula judicial a pesar de tener su mandato caducado. Y, por otro, ante la expectativa de que un acuerdo con el PSOE les pudiera perjudicar electoralmente frente a Vox. Han utilizado, para ello, una batería de justificaciones cambiantes y crecientes a la que se ha sumado esta vez la futura y no escrita reforma del delito de sedición cuando el pacto era inminente.
No es la primera ocasión en que las conversaciones saltan por los aires cuando están a punto de fructificar. Ocurrió por primera vez en noviembre de 2018, días antes de que concluyera el mandato. Un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” [con el nombramiento de Manuel Marchena] la sala más delicada del Tribunal Supremo frustró la renovación. Marchena acabó renunciando y la negociación volvió a la casilla de salida. En 2019 apenas hubo contactos por la sucesión de citas electorales, incluida la repetición de las generales. Tampoco en la primera mitad de 2020, durante lo más duro de la pandemia. En enero de ese año el PP sí había puesto como condición para sentarse a negociar tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden.
El segundo gran conato de acuerdo no llegó hasta el verano de 2020, según desveló el propio Pablo Casado. Hubo un principio de pacto con algunos nombres, pero Casado se acabó echando atrás por las críticas a la Corona del entonces vicepresidente Pablo Iglesias tras la huida de Juan Carlos I a Emiratos en plena investigación judicial sobre sus finanzas. “No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos”, afirmó entonces el líder del PP. El 2 de septiembre, tras una reunión con Sánchez en la Moncloa, se evidenció la ruptura.
Durante ese otoño, el PP insistió en el veto a Podemos y puso encima de la mesa por primera vez la exigencia de que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces. Esa ha sido la principal excusa de los conservadores desde entonces para justificar su rechazo a renovar el órgano. Todo ello a pesar de que la fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE y de que no promovieron esta reforma durante sus dos mayorías absolutas. Ese año también esgrimieron como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos del ejercicio siguiente.
A principios de 2021, tras el batacazo del PP en las elecciones catalanas y las críticas de los barones, Casado levantó el bloqueo de las instituciones. Ambos partidos pactaron renovar el consejo de administración de RTVE, pero el acuerdo sobre el CGPJ se frustró otra vez. En esta ocasión, por el veto del PP a los dos vocales que proponía Podemos: la actual delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, responsable de los pasajes de la sentencia de Gürtel que dieron por acreditada la caja B del partido y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.
En los meses siguientes los conservadores continuaron aumentando la lista de obstáculos, al tiempo que Casado seguía insistiendo en el cambio del sistema de elección de los vocales. Arguyeron, primero, las elecciones en la Comunidad de Madrid; y después, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés. Entre tanto, en marzo de 2021, se aprobó la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones. Hasta entonces había realizado 74 designaciones clave en la cúpula de los principales tribunales, incluido el Supremo.
En el otoño de 2021 ambos partidos acordaron renovar los órganos constitucionales pendientes, a excepción del Poder Judicial: el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Pero —tal y como se conoció después— también pactaron en secreto un cambio legal para garantizar la siguiente renovación del Constitucional si el CGPJ seguía bloqueado. Esa reforma consistía en devolver al órgano de gobierno de los jueces la competencia para hacer los nombramientos del tribunal de garantías —no del resto de tribunales— a pesar de estar en funciones.
Las excusas de Feijóo
El cambio de liderazgo en el PP tampoco cambió demasiado las cosas. El pasado 7 de abril, Sánchez y Feijóo acordaron en su primera reunión reiniciar las conversaciones para renovar el CGPJ. Pero apenas un mes después, en mayo, el líder del PP pidió esperar a después de las elecciones andaluzas. Las elecciones pasaron y Feijóo sumó otra condición. Ahora no habría negociación sin un “acuerdo global” que incluyera reformas de “regeneración” de la Justicia.
Un mes después se sumó otro escollo: la reforma sobre la elección de los magistrados del Constitucional. A pesar de que ese cambio legal había sido acordado con el PP, Feijóo lo utilizó como excusa para volver a cerrar cualquier opción de pacto. O el PSOE retiraba su iniciativa o no volvían a la negociación. La reforma fue aprobada en las Cortes, pero el bloqueo de ocho vocales del sector conservador del CGPJ ha impedido hasta el momento que se puedan hacer esos nombramientos. De hecho, vocales progresistas consideran que los vocales elegidos a propuesta del PP han seguido una estrategia de bloqueo respecto a la renovación del Constitucional que reproduce la que sigue Génova en la relación a la renovación del CGPJ.
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que han participado Aznar, Rajoy, Casado y ahora Feijóo, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal —la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales y por la que pasan los casos de corrupción— pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean doce conservadores frente a cuatro progresistas.