El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al Banco Santander que identifique a dos directivos que se encargaron de planificar y supervisar la colocación y venta de los “Valores Santander” después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reclamado su imputación, tal y como hoy adelanta el diario El Mundo.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el magistrado ha tomado esta decisión una vez que el Ministerio Público haya considerado que pudo haber engaño en la comercialización de estos productos, aunque descarta indicios de delitos en la emisión de los mismos, y haya reclamado continuar con la investigación imputando a los responsables de la planificación de la venta.
Moreno había archivado la querella interpuesta por decenas de compradores de los Valores Santander por no apreciar “indicios delictivos” en su comercialización ni que esta se efectuara “con engaño”, pero la sección cuarta estimó en junio el recurso de los denunciantes al sospechar que la entidad no suministró la “oportuna información” sobre este producto “especulativo”.
Según los magistrados, “es sostenible pensar” que los suscriptores, que alcanzaron la cifra de 129.000, “no estuvieran por la labor de convertir sus ahorros, planes de pensiones, depósitos o imposiciones a plazo fijo”. Además, es “difícilmente imaginable” que algunos de ellos, octogenarios, “quisieran suscribir un producto especulativo, sino rentabilizar un dinero a plazo fijo, que es lo que sostienen que se les ofreció”.
Los más de 60 querellantes se dirigían contra el Banco Santander, Santander Emisora SAU 150, los administradores de ambas, los responsables de la emisión Ignacio Benjumea y José Antonio Soler, así como contra todos los directores de venta y empleados de oficina que los ofrecieron, por delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y falsedad en documento mercantil.
La Sala reprochaba a Moreno la “nebulosa” de algunas de sus apreciaciones “al dar por sentado” que los suscriptores podían conocer el producto gracias al tríptico y el folleto informativo.
“No se discute en modo alguno que el tríptico contuviera las condiciones de la emisión del producto, a qué respondía y cualquier circunstancia esencial sobre el mismo”, resaltan los magistrados, que añaden que ello “no significa que fuera en sí mismo inteligible para determinados perfiles de potenciales clientes”.
Así, explicaban que en muchos de los casos “se puede sostener” que “no se tuvo conocimiento del tríptico ni de otro documento informativo”, a excepción del argumentario de valores, sino “exclusivamente” de lo que les trasladaron los comerciales, y que otros se firmaron con anterioridad al registro en la CNMV.
“Entre los denunciantes hay jubilados, pensionistas, amas de casa con estudios primarios, además de un arquitecto técnico, profesores, funcionarios, administrativos y un comerciante”, explica el auto para incidir en la necesidad de “profundizar si estas personas fueron las idóneas a las que captar”.
Los magistrados recogían un informe de la Intervención General de la Administración del Estado según el cual los valores “se colocaron de forma masiva y quizás indiscriminada entre la generalidad de los clientes del banco, en unos momentos en los que se podía intuir y notar los inicios de las turbulencias de los mercados financieros” en 2008.
En 2004, el banco anunció la emisión de 7.000 millones de euros en “Valores Santander”, divididos en 1,4 millones de valores de 5.000 euros cada uno, y con la que se hizo hacer frente a parte de la oferta pública de adquisición -opa- sobre el 100 % del banco ABN Amro, el Royal Bank of Scotland y Fortis.