El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha propuesto hoy a los diputados encargados de tramitar la ley de transparencia que incluyan en su ámbito de aplicación a los medios de comunicación que reciben dinero público a través de contratos con las administraciones.
Ignacio Escolar, que ha comparecido como experto en la Comisión Constitucional del Congreso para ofrecer aportaciones al proyecto de Ley de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno, ha reclamado que se “regule la transparencia en los contratos de la administración con los medios de comunicación, para muchos muy rentable”, ha dicho.
“Se lo ruego: que los ciudadanos puedan saber quién está consiguiendo cuánto dinero de las administraciones y evitar de paso que ese dinero sirva para debilitar la libertad de prensa y comprar voluntades”, ha afirmado.
Escolar, bloguero y analista político, ha insistido en su comparecencia en que los diputados no deberían “cerrar en falso” la ley de transparencia.
A su juicio, “cualquier organización que reciba dinero público” debería someterse a la ley, incluidas las ONG, la Iglesia católica, el Banco de España, los medios de comunicación y la Casa Real.
El periodista ha reclamado asimismo a los parlamentarios que “pongan fin a la opacidad en sus relaciones con la prensa” y “se sometan a ruedas de prensa con preguntas de los periodistas dignas de tal nombre”.
En la sesión de hoy también ha comparecido el corresponsal de ABC en Londres, Borja Bergareche, que ha advertido a los presentes de que están ante un “Frankenstein legislativo” con el que pretenden dar respuesta a demasiadas cosas.
En su opinión, el actual proyecto de ley ha ido “sepultando el objetivo primario, que era servir de señal simbólica para cambiar la cultura burocrática de pesados orígenes napoleónicos de la administración”.
Por ello, ha planteado una “enmienda a la totalidad filosófica” y ha propuesto a los diputados buscar “atajos para llegar una cultura de la transparencia más allá de la ley de transparencia”.
Como ejemplo ha puesto que la Casa Real británica está exenta de la ley de transparencia de su país, pero es una de las más transparentes de Europa.
Bergareche, que es miembro del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) -organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial-, ha relatado cómo le fue imposible encontrar la información de cuántos vehículos tiene el jefe del Estado, mientras que en el caso británico “con tres golpes de 'Google' es posible”.
Por su parte, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Angels Barberá, ha llamado la atención a los presentes al afirmar que “es imposible vivir en una casa de cristal” y ha sostenido que la ley tiene que ser “forzosamente abierta”.
Sobre los cargos públicos, ha dicho que su derecho a tener una vida privada se ve limitado por el ejercicio de su cargo y que los miembros de la Casa Real, aunque son titulares de la ley de protección de datos, tienen igualmente “ciertas limitaciones”.