Ignacio González supo que el Canal de Isabel II, durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón, había cometido delitos en la compra de una sociedad latinoamericana, pero los ocultó. En palabras del juez del caso Lezo, el expresidente madrileño “dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito”, al ocultar un informe que recogía esas irregularidades.
Así consta en el auto por el que el juez Manuel García Castellón, instructor del caso, accede a conceder a González la libertad si paga 400.000 euros. Anticorrupción había informado previamente a favor de que salga de prisión, donde lleva desde el pasado 21 de abril. En el auto, el juez repasa todos los indicios delictivos e indica que González pagó con dinero público un informe sobre la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal en 2001, cuyo pago se alargó hasta 2012.
Ese informe elaborado por la consultora Cuatrecasas “contenía indicios claros de una conducta delictiva” durante la operación, que se produjo bajo la presidencia regional de Gallardón, también investigado en esta causa. Sin embargo, González ocultó ese informe.
El expresidente madrileño y su socio, Edmundo Rodríguez Sobrino, tuvieron “pleno conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado”, permitiendo “el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012 y le dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito”.
“Pacto de silencio”
Anticorrupción ya había señalado a Gallardón en este desvío de fondos. Fue él quien autorizó en 2001 la compra por 83 millones de la filial del Canal en Latinoamérica, a través de una sociedad en Panamá, cuando su precio era mucho menor. González lo resumió en una conversación con Eduardo Zaplana: “Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100”.
La Fiscalía cree que esa operación estuvo controlada por Gallardón o por “su gente”, en referencia al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, la Fiscalía pidió investigar sus ingresos después de que Zaplana mencionase en una conversación su alto nivel de vida.
Anticorrupción también sospecha que los dos expresidentes madrileños sellaron “un pacto de silencio” sobre el saqueo del Canal. Se remiten a la conversación en la que el propio González admite haber tapado el pelotazo: “yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar”.
De hecho, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la visita de Ruiz Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho profesional de González el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Rodríguez Sobrino.
Desvío de fondos del campo de golf
El juez repasa el resto de acusaciones contra González, como la compra de Emissao, un pelotazo aprobado por el Canal en 2013 y similar al de Inassa. La operación estaba “en manos” del expresidente madrileño, que se repartía las tareas con Rodríguez para “alejar” el centro delictivo y lograr así “una mayor protección e impunidad de los máximos responsables”. También se concertaron para recuperar el dinero de sus actividades delictivas.
El auto también dedica una buena parte a las obras del Campo de Golf del Canal. Según desveló eldiario.es, la Guardia Civil detectó indicios de que ACS había pagado a familiares de González a cambio de que este modificase el proyecto inicial.
García Castellón da veracidad al relato de los agentes de la UCO y señala multitud de irregularidades como, por ejemplo, que no consta expediente de licitación definitivo. Señala directamente a González y su clan, que “presuntamente se concertaron” para hacerse con los contratos de mantenimiento del campo de golf.
“Los investigados con el fin de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la CAM, convinieron presuntamente el desvío de capitales públicos”, añade. Es más, “crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad”, dice el juez en referencia a Tecnoconcret, la empresa creada por el cuñado de Ignacio González.
“Con pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en cumplimiento del concierto ilícito antes descrito, Tecnoconcret fue subcontratada por la mercantil ACS para la ejecución de las obras de las instalaciones deportivas, constando documentación en la causa que acredita que la designación de esta mercantil se hizo por orden de Canal”, escribe el juez.
En total, apunta García Castellón, González y su gente se quedaron con 578.474 euros gracias a la interposición de empresas durante las obras. Con los contratos de mantenimiento ascendió a 1,2 millones. Para aflorar ese dinero, “los investigados crearon un sistema de facturación mendaz” con ayuda de otras sociedades.