El incremento de personas dependientes que han sido atendidas en este año, con 18.944 beneficiarios nuevos, ha sido diez veces menor que en 2010, cuando fueron 197.638 personas, ha asegurado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
La asociación, que ha hecho balance de este año del desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, ha calificado de “crueles” y “desalmadas” las medidas que ha aprobado el Gobierno en esta materia como el decreto que reforma la ley.
Ha asegurado que no se ha mantenido la tasa de reposición en diez comunidades autónomas y se ha reducido en 9.589 los beneficiarios en los últimos cuatro meses.
Si en 2010 el incremento de beneficiarios sumó 197.638 personas, en 2011 fueron 83.427 las que engrosaron la lista de los atendidos, mientras que en 2012 llegaron a 18.944, lo que, a juicio de la asociación supone “la destrucción y total paralización del sistema”.
Ha indicado que, en la actualidad, hay en espera 230.203 personas con prestación reconocida y que el dato de 18.944 incorporados en todo un año significaría una espera de doce años para atender la totalidad de los expedientes acumulados.
A juicio de los directores y gerentes en servicios sociales, la “presunta agilidad” de tener 74.000 personas menos en espera responde a la restricción del derecho a atención a las personas con dependencia moderada.
“Reduce el 'limbo de la dependencia' no porque se les atienda sino porque quita el derecho de atención a los moderados hasta el año 2015”, han subrayado en un comunicado.
Además del recorte de 835 millones de euros al sistema en 2012, la asociación ha indicado que el Ejecutivo ha eliminado la financiación del nivel acordado, reduciendo un 15 por ciento el nivel mínimo: “un recorte crudelísimo del que han salido beneficiadas fundamentalmente las carcas del Señor Montoro -ministro de Hacienda-”.
La asociación ha destacado como especialmente “inútiles y sangrantes” medidas como la reducción a 450.000 cuidadores familiares las prestaciones económicas en un 15 por ciento; el incremento de las aportaciones de los usuarios; la suspensión de la retroactividad de las ayudas económicas; así como dejar sin cotización a la seguridad social en el convenio especial a 146.000 cuidadores, un 93 por ciento mujeres.
“Resulta una canallada dejar en la estacada a cientos de miles de personas en situación de dependencia y a sus familiares”, ha opinado la asociación.