El soberanismo maniobra y contiene la respiración ante otra amenaza de cárcel

Las decisiones del juez Pablo Llarena condicionan la política catalana antes incluso de ser tomadas. La sospecha de que el instructor enviará este viernes a prisión a los seis investigados por el 1-O a los que ha citado expresamente a una vistilla sobre medidas cautelares provocó que tres de ellos renunciaran a su escaño horas antes de viajar a Madrid. Con el abandono de los republicanos Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa, el independentismo se asegura mantener la mayoría en el Parlament aunque los seis citados sean procesados, enviados a prisión y, por ende, inhabilitados para desempeñar un cargo público.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decide este viernes si Jordi Turull, Marta Rovira, Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva deben ingresar en prisión hasta que se celebre el juicio. La convocatoria de una vistilla en la que dirimir el posible cambio en las medidas cautelares de estos seis investigados causó en las defensas una sorpresa que fue mutando en pesimismo según transcurrían las horas. Ese temor se materializó al mediodía de ayer en la decisión de que la cifra mínima indispensable de ellos para que el soberanismo siga siendo mayoría en el Parlament dejara la Cámara.

Antes de eso, la jornada de este viernes en el Tribunal Supremo ya se antojaba histórica. En la misma providencia del miércoles, Llarena convocaba a la representación de todos los investigados para comunicarles el auto de procesamiento, una resolución razonada en el que se definen las acusaciones contra cada uno de ellos y que puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal.

La providencia que dictó Llarena el miércoles citaba a los letrados de todos los abogados, pero mencionaba expresamente a seis investigados: Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Marta Rovira, Josep Rull y Jordi Turull. Con los indicios presentes en la causa hasta ahora, Llarena preguntará a la Fiscalía y a la acusación popular, que ejerce Vox, si deben modificarse las medidas cautelares, esto es, si consideran que se dan los supuestos para que ingresen en prisión o, en su defecto, rebajarles o aumentarles la fianza e igual con las comparecencias en el juzgado.

En el auto de procesamiento, Llarena aclarará a quiénes se acusa de rebelión, el delito más grave de los investigados en la causa, y a quiénes el resto de delitos: sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. La rebelión está castigada con hasta treinta años de prisión. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el riesgo de fuga es motivo para dictar la prisión provisional y ésta, a su vez, se asocia a la posibilidad de ser condenado a muchos años de cárcel. Los abogados de la defensa temen que sus representados sean procesados por rebelión y, a partir de ahí, se desate la citada asociación de riesgos.

Seis parlamentarios con voto en la investidura

Los seis mencionados continuaban en ese momento siendo parlamentarios y, por tanto, con voto en la investidura que ha arrancado este jueves. Y lo ejercieron durante la primera votación que no logró convertir en president a uno de ellos, Jordi Turull, por la abstención de la CUP. El sábado se volverá a votar ya sin la exigencia de mayoría absoluta para convertirse en president.

Pero antes, Turull acude este viernes al Supremo. La interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hace Llarena implica que un procesamiento por rebelión, unido a una orden de de prisión, supone la inhabilitación inmediata por cargo público para el acusado.

A los indicios con los que cuenta el juez contra Turull se ha sumado el último informe de la Guardia Civil, que le atribuye un papel “extraordinariamente relevante” por su posición dentro del Comité Estratégico. En esa cúpula de poder se encargó de las campañas publicitarias para el 1-O y del desvió de fondos para costear las papeletas, señalan los investigadores.

La decisión que adopte Llarena sobre Turull puede tener un efecto, no solo en Catalunya sino en toda la política española. En el caso de que la CUP hubiera apoyado a Turull este jueves, el magistrado podría haber inhabilitado al día siguiente al político para ser president. Una investidura en Catalunya movería al PNV de su oposición a apoyar los Presupuestos Generales del Estado. La decisión de la CUP de abstenerse en la investidura de Turull rebajó, por tanto, los efectos políticos inmediatos de una eventual decisión de Llarena.

En las consecuencias de la jornada de este viernes tendrá un peso específico la postura de la Fiscalía. El Ministerio Público llega a esta cita después del un giro durante la vista por el recurso de Forn: unos días después de pedir al tribunal que siguiese en prisión, el fiscal del caso dijo haber recibido una orden del fiscal general del Estado para pedir su libertad bajo fianza.

Esa discrepancia ha llamado la atención de los tres magistrados del Supremo que han estudiado el recurso. Así lo han hecho constar en el auto por el que niegan la libertad de Forn, en el que afean a la Fiscalía no haber motivado su cambio de criterio. No hubo “argumento alguno” que sustentase la afirmación de que había disminuido el riesgo de reiteración delictiva del exconseller de Interior.

Ese cambio de criterio impuesto por Julián Sánchez Melgar abre la incógnita de si la Fiscalía optará mañana por la mano dura o se inclinará por medidas cautelares menos duras que la prisión provisional. Los seis investigados que comparecen mañana presentan una diferencia con Forn que complica su situación respecto de la del exconseller: todos mantienen su acta de diputado, mientras que Forn renunció al escaño.

Llarena decidirá sobre la euroorden

Los antiguos miembros del Govern refugiados en Bruselas y Anna Gabriel, la diputada de la CUP que huyó a Suiza, también estarán mañana muy pendientes del auto del juez Llarena. La Fiscalía ya avisó que el procesamiento era el momento en el que creen que deben pedir al magistrado que reactive la euroorden para la búsqueda y captura de los fugados, porque ya se habrán concretado los delitos. Varios medios han informado de que esa es la intención de Llarena, que anuló la euroorden contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Secret, Lluis Puig y Clara Ponsatí.

Mañana asistirán también el resto de las defensas de los investigados en la causa que no se enfrenta a una vistilla de medidas cautelares. Por ejemplo, la de Santi Vila, el único de los exconseller que no se libró de la prisión incondicional que dictó la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando inició la causa en la Audiencia Nacional.

También acudirán los letrados de Artur Mas, expresidente de la Generalitat, Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, Neus Lloveras, de la AMI, Mireia Boya, exdiputada de la CUP, y de los miembros de de la Mesa investigados, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y de Joan Josep Nuet. En total, 22 investigados que este viernes conocerán al detalles las acusaciones del Tribunal Supremo contra ellos.