Una jueza ve indicios de que el chalet del expresidente de La Rioja es ilegal
Un juzgado de Logroño ve indicios de que el chalet del expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado Pedro Sanz se legalizó contraviniendo “criterios urbanísticos”. Una jueza ha ordenado que se investigue si el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua modificó su normativa para avalar que Sanz construyese una vivienda de casi 200 metros en un terreno rústico en el que había una casa de aperos.
El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, avanzado por la cadena SER, afecta a un total de 69 construcciones, y pide investigar por un posible delito de prevaricación al ex alcalde de Villamediana, el popular Tomás Santolaya y siete concejales -seis del PP y uno del Partido Riojano-, que en un pleno de mayo de 2013 votaron a favor del Plan General Municipal, con el que se “legalizaron” esas construcciones.
Para el caso concreto del vicepresidente del Senado, el auto solicita averiguar si esa decisión “discrecional” del planeamiento municipal se ha basado en motivos “espurios” por permitir la legalización de la vivienda familiar de Sanz en un suelo rústico no urbanizable.
El auto señala que la decisión municipal de hacerlo urbanizable en 2013 no está basada “en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular”.
Investigado desde 2014
La Justicia puso el foco en el chalet de Sanz en 2014. Un expediente del Ayuntamiento señaló que las obras hechas por Sanz suponían “infracciones graves”, pero el cambio del Plan General Urbanístico legalizó esas obras.
El Ayuntamiento aprobó el nuevo régimen urbanístico en junio de 2013 y la parcela de Pedro Sanz pasó a ser calificada como “suelo urbanizable delimitado”. Ante el cambio legal, el alcalde solicitó un nuevo informe sobre la situación del chalet del presidente.
El arquitecto municipal emitió un documento en el que aseguraba que el plan vigente permitía afirmar que las obras ejecutadas eran legalizables. Esto implicaba que las presuntas irregularidades pasaban a ser sanciones leves cuyo plazo de prescripción era de un año, y, por tanto, ya había pasado.
El municipio en el que se encuentra la construcción vivió una expansión urbanística durante los años de la burbuja inmobiliaria. La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2014 aludía a “la proliferación de construcciones ilegales” en Villamediana de Iregua, en cuyo gobierno municipal veía “una omisión absoluta de las funciones de vigilancia urbanística”.
Indicaba que ello se mantuvo en el tiempo de forma que “hacía imposible aceptar cómo en un término municipal de tan reducido tamaño no se hubiera tenido conocimiento de las construcciones que de forma continuada se habían ido realizado en suelo no urbanizable, sin licencia que las amparase o con licencia solicitada con evidente interés en sortear las limitaciones legalmente impuestas y que fueron consentidas por aquellos por su falta de vigilancia”.
