El PSOE y la Izquierda Plural acusan al Gobierno de proteger a Fabra para dilatar su ingreso en prisión
Los socialistas y la Izquierda Plural no tienen duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está retrasando intencionadamente la resolución del expediente de indulto solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para dilatar lo más posible su ingreso en prisión. La ley establece un plazo mínimo de una semana y un máximo de doce meses para solucionar una petición de este tipo. “Si el Ministerio de Justicia sigue estirando los plazos, nos podríamos encontrar con la esperpéntica situación de que el señor Fabra podría estar en la calle hasta agosto de 2015”, denuncia a eldiario.es el diputado del PSOE, Pablo Martín.
Fabra tenía que haber entrado en la cárcel para cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo al quedar demostrado que defraudó al fisco cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003. Pero desde el pasado mes de agosto la orden quedó paralizada a la espera de que el Gobierno de Rajoy resuelva el expediente de indulto que no sólo pidió el propio exbarón del PP, sino también un grupo de compañeros de su partido, entre los que se encontraba su hija, la diputada por Castellón Andrea Fabra.
Precisamente, el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista preguntó al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las intenciones del Gobierno de reformar la ley del indulto y los motivos de este retraso de ingreso en prisión de Fabra. En su respuesta, Catalá aseguró que el Gobierno estudia la reforma de la ley para dotar estas medidas de gracia “de mayor control y transparencia”. Además, se jactó de que el Ejecutivo de Rajoy es el que ha hecho un uso “más limitado y restrictivo” de esa potestad, concediendo en esta legislatura tan sólo el 1% de las peticiones, frente al 11% de 2007 del PSOE. Una afirmación que los socialistas niegan tajantemente pese a reconocer que Zapatero concedió algunos “vergonzosos” como el otorgado al banquero Alfredo Sáenz.
El PSOE cree que la actitud que demuestra el Gobierno con los casos de corrupción en los que se están viendo implicados dirigentes del PP choca con las medidas regeneracionistas que anuncian para acabar con esta lacra. No sólo por las maniobras que han hecho para sacar a Jaume Matas de la cárcel –al que el juez de Vigilancia de Valladolid acaba de revocar el tercer grado otorgado por Instituciones Penitenciarias–, sino también por el caso de Fabra, que sigue en la calle.
Según Martín, en los últimos cuatro meses el Ministerio de Justicia sólo ha concedido un único indulto –a un militar– “cuando hasta ahora el Consejo de Ministros resolvía varios una vez al mes”. Esta paralización, a juicio del PSOE, es la prueba de que Rajoy, “aunque tiene previsto denegar la solicitud, la está demorando al máximo para que el señor Fabra pueda seguir disfrutando por un tiempo extra de una libertad que no le corresponde”. “Incluso no nos sorprendería que después alegue enfermedad o una delicada salud, por su edad, como ha hecho ahora para eludir su entrada en prisión”, alerta Martín.
También el diputado de ICV Joan Coscubiela cree que el Ministerio de Justicia demora premeditadamente la resolución del expediente a Fabra porque el PP intenta proteger de nuevo a “uno de los suyos”. El portavoz adjunto de la Izquierda Plural adelanta a eldiario.es que acaba de registrar en el Congreso varias preguntas escritas en las que pide aclaraciones al Gobierno. “¿Cuántos expedientes de indulto se han resuelto en el año 2014 y con qué resultado?”; “¿Cuántos están pendientes de resolución por el Consejo de Ministros?” y “¿Cuál fue la última reunión del Consejo de Ministros en que se ha aprobado la concesión de un indulto?”, inquiere Coscubiela.
Los dos grupos parlamentarios ven cada vez más urgente que el Gobierno decida de una vez por todas abordar la reforma de la ley del indulto, que data de 1870. Pero no únicamente para cerrar la puerta a que los corruptos puedan acogerse a ella. También para que los ministros de Justicia de turno tengan la obligación de acudir al Congreso al menos dos veces al año para hacer públicas las medidas de gracia concedidas por el Consejo de Ministros y explicar los motivos de cada una de ellas. Y eso es algo a lo que hasta ahora se opone el PP, según el PSOE.
