Cristina de Borbón, imputada en el caso Nóos, ha ingresado en la cuenta del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un total de 587.413,58 euros en concepto de responsabilidad civil. Coincide con la cantidad que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach incluye en su escrito por considerar a la hermana del rey beneficiaria a título lucrativo del dinero obtenido ilícitamente por su marido, el duque de Palma.
La infanta, sin embargo, no ha esperado a que el juez se pronuncie. Castro dictará en los próximos días el auto de pase a procedimiento abreviado, equivalente al de procesamiento, en el que se incluirá una decisión aún más relevante: si la infanta se sienta en el banquillo acusada de fraude fiscal.
Para ello, el juez debe decantarse por aplicar la 'doctrina botín' –según la cual, solo la acusación particular puede sentar en el banquillo– o considerar que no es aplicable a este caso y enviar a juicio a Cristina de Borbón con solo la petición de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Manos Limpias pide ocho años de cárcel para la hermana del rey por dos delitos fiscales y una multa superior a los 2 millones de euros.
El gesto de pagar ahora de la infanta no tiene ninguna repercusión en su posible situación penal y, por tanto, se queda en eso, en un gesto. Se alinea tanto con las tesis del fiscal que desprecia el cálculo realizado por Hacienda, que reclama en el mismo concepto de beneficiaria a título lucrativo –es decir, sin conocimiento de que el dinero procedía del delito– un total de 168.571 euros.
El cálculo del fiscal resulta de dividir por dos la cantidad que ingresó de forma ilícita Aizoon, la sociedad que compartían los duques al 50%. Como demostró la investigación, esos ingresos fueron destinados a gastos personales de la pareja.