Así será el paseíllo de la infanta en Palma (si Gallardón no evita la foto)
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretende evitar que los ciudadanos puedan ver a la infanta Cristina acceder a los juzgados de Palma. La decisión, sin embargo, corresponde al juez decano de la Audiencia Provincial, Francisco Martínez Espinosa, quien antes de decantarse escuchará las recomendaciones en materia de seguridad del Ministerio del Interior. La policía ya recomendó ahorrar el paseíllo a Iñaki Urdangarin en su primera declaración como imputado.
La famosa rampa de los juzgados es, en realidad, el acceso al único aparcamiento de la Audiencia Provincial. Está destinado a la entrada de los vehículos con autorización para estacionar allí, entre ellos, los del juez José Castro o el fiscal Pedro Horrach. Por allí acceden también los vehículos policiales que trasladan detenidos. Los sábados, domingos y festivos sirve de puerta de acceso al juzgado de guardia.
El juez Castro ha decidido citar a los imputados del 'caso Nóos' en sábado. Lo hace para evitar que las declaraciones les coincidan a los numerosos abogados con otros señalamientos. Esa es la razón por la que Urdangarin ha entrado en dos ocasiones por la puerta de atrás que precede a la rampa y que, si Gallardón no lo impide, también lo haga la infanta.
El decano Martínez Espinosa decidirá el dispositivo de la declaración de la infanta tras reunirse con los policías de la Jefatura Superior de Baleares. Francisco Martínez es un juez concienciado de la labor de los medios y facilitador de la tarea de los informadores, según fuentes jurídicas. Antes de la primera declaración de Urdangarin, en febrero de 2012, mantuvo un pulso con la policía. Esta recomendó en un estricto informe que el duque descendiera la rampa en coche por motivos de seguridad.
Hasta horas antes de la declaración, el magistrado no accedió. Sin embargo, y para sorpresa de los periodistas, Urdangarin se bajó del coche en el acceso a la rampa y descendió los 30 metros a pie. En una actuación que pareció poco improvisada, el duque de Palma se acercó a los medios –que aguardaban tras una valla al terminal de la pasarela– e hizo una breve declaración. La decisión de Urdangarin motivó que un año después, en su segunda declaración, ni siquiera se valorase la posibilidad de que el coche descendiera hasta la puerta.
La policía alegó en su informe en febrero de 2012 posibles problemas de “orden público” protagonizados por “radicales”. Estos pretenderían, cuando menos, “ridiculizar” al duque. El dispositivo policial no evitó que la zona amaneciera en las dos declaraciones engalanada con carteles satíricos sobre el duque de Palma, chorizos de papel y pintadas.
Tanto en la primera como en la segunda declaración, Urdangarin escuchó pitidos e insultos de manifestantes que ni siquiera lo vieron, dada la distancia a la que fue cortada la calle Parellades. Sólo los periodistas acreditados presenciarán en directo la bajada de la infanta por la famosa rampa. Ellos, y los pocos vecinos cuyas ventanas dan a la calle. Algunos hacen ese día negocio alquilando sus terrazas a los informadores gráficos.
Si finalmente la infanta descendiera la rampa en coche y los informadores fueran ubicados en el mismo lugar, aún podría haber una imagen fugaz de la hija del rey bajando del vehículo y entrando al juzgado. Otra opción es que el juez decano hiciera una excepción y abriera la puerta principal de la Audiencia Provincial. Esta posibilidad complicaría a todas luches el dispositivo de seguridad, ya que la fachada está ubicada en las avenidas de Palma, la principal arteria de la ciudad.
Alrededor de 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial han integrado el dispositivo durante las declaraciones de Urdangarin. Un potente inhibidor de frecuencia colocado por la policía en los juzgados impide que los abogados presentes en la declaración puedan conectarse vía telefónica con el exterior, evitando así las filtraciones en directo.
La declaración, como otras de la causa, se grabará en vídeo y se guardará bajo llave. Esto agilizará el interrogatorio. En el caso de la primera declaración a Urdangarin, esta se extendió durante 22 horas debido a que los funcionarios debían tomar nota de su contenido.
