La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entregado su informe definitivo sobre una de las piezas del caso de corrupción Lezo y las comisiones salidas del proyecto de llevar el tren hasta la localidad madrileña de Navalcarnero. Un documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso elDiario.es, que apuntala la acusación de que la constructora OHL pagó comisiones de más de un millón de euros destinadas al expresidente madrileño, Ignacio González, e Ildefonso de Miguel, exdirector del Canal de Isabel II, a cambio de la adjudicación.
La investigación sobre la corrupción que supuestamente rodeó la adjudicación de este proyecto fallido de llevar el tren hasta Navalcarnero, localidad de más de 30.000 habitantes del sur de la Comunidad de Madrid, es una de las que está a las puertas de juicio dentro de la causa Lezo. Anticorrupción ha pedido ya cuatro años de prisión para Ignacio González, tal y como adelantó elDiario.es en diciembre de 2020, además de seis años para Javier López Madrid, entonces consejero de la constructora.
Para la fiscal del caso, Ana Cuenca, la orden fue que OHL pagara 2,5 millones de dólares desde una cuenta de la empresa en el Banco Santander hasta sus cuentas en México poco después de que el proyecto fuera adjudicado a la constructora. Después fue Adrián de la Joya, según la Fiscalía, quien movió ese dinero por Panamá hasta Suiza para después retirarlo en efectivo y ponerlo en manos de Ildefonso de Miguel para que el botín fuera repartido en condiciones desconocidas. Para De Miguel, la Fiscalía pide cuatro años de presidio y para De la Joya tres años y medio.
El informe que la UCO ha aportado al procedimiento apuntala esta acusación. “Se trató de una operación gestada desde España y el hecho de que los fondos viajasen a Suiza a través de dos empresas mexicanas del grupo OHL permite inferir que se trató de evitar ordenar unas transferencias desde las cuentas de OHL en España a la cuenta en Suiza del intermediario en las comisiones para velar el rastro de los fondos”, dice el documento sobre el papel de OHL.
Los pagos, según este informe, eran comisiones y uno de sus destinatarios era el expresidente de la Comunidad de Madrid. “Se han recabado elementos que apuntan a Ignacio González como uno de los destinatarios”, dice la UCO. Entre otras cosas, apuntan a conversaciones entre Francisco Granados y Javier López Madrid, la declaración del empresario David Marjaliza o el conocimiento “extraño” que González tenía de toda la operativa corrupta.
González, explica la UCO, era el contacto con López Madrid en la Comunidad. El empresario pidió trato de favor, explica el informe, “como por ejemplo para tratar de sortear las presiones de la Comunidad de Madrid para que se iniciasen las obras del tren o en relación con la adjudicación del contrato de la Ciudad de la Justicia”.