Inmigración, ETA, Catalunya e impuestos: 'fake news' de Casado contra el Gobierno

En sus primeros 40 días al frente del PP Pablo Casado ha puesto en marcha una guerra sin cuartel contra el Gobierno de Pedro Sánchez empleando para su estrategia de ataque numerosos datos falsos: ha difundido estadísticas erróneas para acusar al Ejecutivo de provocar una crisis migratoria, ha denunciado un cambio en la política antiterrorista que según las propias víctimas de ETA no se ha producido, ha alertado de un inexistente “pacto oculto” entre Moncloa y los independentistas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que el Gobierno subirá los impuestos en “1.000 euros por español” basándose en cifras inexactas.

Casado comenzó su difusión de bulos apenas una semana después del congreso del PP que le ganó a Soraya Sáenz de Santamaría: “No es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor”, decía el 29 de julio. “Hubo un efecto llamada con la visita del presidente del Gobierno para recibir a los inmigrantes del barco Aquarius”, añadió. Desde entonces, el líder de los conservadores puso en marcha toda una campaña que se ha prolongado hasta esta misma semana para acusar al Ejecutivo de favorecer la inmigración ilegal y de generar una “crisis migratoria”. Su estrategia le ha llevado a realizar distintas visitas a Algeciras, Ceuta y Melilla donde se ha fotografiado en las zonas fronterizas e incluso con los propios migrantes.

Pero esas afirmaciones de Casado son falsas. El Gobierno nunca ha prometido “papeles para todos”. Tampoco estamos asistiendo a la llegada de “millones de africanos” a España. Las cifras del Ministerio del Interior apuntan que hasta el pasado 24 de agosto llegaron 31.800 personas. A este ritmo, para que entre en España el primer “millón de africanos” harían falta unos 25 años. Además, Sánchez no fue de visita para recibir a los inmigrantes del Aquarius, como sostiene, y sí hizo, Casado. Y el repunte en la inmigración desde la costa africana hacia España empezó mucho antes siquiera de que el PSOE llegara a La Moncloa. Arrancó en 2016, con el PP en el Gobierno, y lleva subiendo desde 2013. Así lo demuestran los datos oficiales. 

Tampoco existe una crisis migratoria en España, como dice el líder de los conservadores. En 2006 se produjo el mayor pico de entradas irregulares en la historia del país. Fue la llamada “crisis de los cayucos”. Aquel año, 39.180 migrantes alcanzaron las costas españolas y 2.000 migrantes lo hicieron a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Según el Ministerio del Interior, en lo que va de 2018, el número de personas llegadas de forma irregular a España por la ruta marítima y a través de Ceuta y Melilla está aún por debajo de las que se registraron en aquellos momentos.

Las “cesiones al chantaje” terrorista

A principios de agosto, Casado añadía a su estrategia contra el Ejecutivo sus críticas por la gestión del final de ETA. El PP acusaba a Sánchez de “ceder al chantaje” de los terroristas después de que se trasladara a dos presos de la banda de la cárcel de Asturias a la de Basauri (Bizkaia) tras serles concedido el tercer grado que, paradójicamente, había sido gestionado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Casado aseguró entonces que los traslados eran una “contraprestación a una moción de censura vergonzante”, insinuando así que el Ejecutivo pagaba el favor a los independentistas por haber logrado llegar a la Moncloa con sus votos.

Esas declaraciones tampoco se compadecen con la realidad. Aunque el Ejecutivo sí se ha comprometido a flexibilizar la política de dispersión de los presos de ETA, hasta el momento no se ha producido ningún acercamiento y, por tanto, no se ha modificado la estrategia antiterrorista que mantuvo el PP cuando gobernaba. Las propias víctimas de la banda desmentían las palabras del líder de los conservadores cambio, Miguel Folguera, consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) insistía en que “hasta ahora” el Gobierno no ha realizado “ninguna cesión” a los terroristas ni a las fuerzas nacionalistas que respaldan otra política penitenciaria. Y la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, añadía: “Que el PP haga política como le dé la gana, pero en este caso su postura no coincide para nada con la nuestra así que no se apropien de nosotros”.

Junto con la inmigración, la crisis catalana ha monopolizado los discursos de Casado, principalmente para cargar contra el Gobierno. “¿A qué espera el Gobierno de España para poner orden en Catalunya?¿A qué esperan el Ministerio de Interior o el de Justicia o el presidente del Gobierno para poner freno a la crispación social que está viviéndose en Cataluya? ¿Es que tienen que seguir pegando a mujeres; es que tienen que seguir saliendo personas con el rostro oculto a quitar emblemas totalitarios de las calles; es que están viendo con tranquilidad que hay dos bandos en las calles, en las playas o en las plazas y, sin embargo, no hacen nada?”, se preguntaba este jueves.

La “inacción” en Catalunya

Desde el partido, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, llegaba esta semana a pedir al Ejecutivo “explicaciones” sobre la existencia de un “pacto oculto” para que no se aplique el artículo 155 de la Constitución “nunca más”.

No existe ninguna evidencia de lo que afirman los dirigentes populares en este campo. El Gobierno ha impulsado reuniones de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat, reactivadas después de que se mantuvieran paralizadas durante los últimos siete años en los que gobernó el PP de Mariano Rajoy, precisamente con el objetivo de poner fin a la crispación social y política de la comunidad. Asimismo, la Policía Nacional que depende de Interior detuvo en Barcelona por un delito de odio y otro de lesiones al presunto agresor de la mujer que el pasado sábado retiraba lazos amarillos del vallado del parque de la Ciutadella de la capital catalana. Y no existe ningún “pacto oculto” entre Sánchez y los independentistas, según confirman fuentes de Moncloa a este diario. El propio presidente ha llegado a enseñar a Torra indirectamente el camino del 155 indirectamente en una rueda de prensa junto al presidente colombiano, Iván Duque.

El miércoles, Casado lanzaba otra acusación muy concreta contra Sánchez, al asegurar que la política fiscal del nuevo Ejecutivo socialista costará 1.000 euros más a cada español en impuestos. Aseguró que “si el señor Sánchez piensa que planteando una subida de impuestos que según los informes de los organismos como por ejemplo de los inspectores de Hacienda pueden alcanzar hasta 9.000 millones de euros, que son 1.000 euros por cada español, si ellos piensan en que esa subida de impuestos no va a tener un coste en la creación de empleo y en el crecimiento económico, se equivoca (sic)”.

Los datos ofrecidos por el líder del PP también eran falsos en este caso. Casado recordaba que los “inspectores de Hacienda” cifraron el incremento de impuestos planteado por Sánchez en “9.000 millones”, aunque ellos se referían a los tributos anunciados por el jefe del Ejecutivo en julio y que únicamente afectan a la banca y las tecnológicas. Sería un cambio fiscal que no tendría esa repercusión sobre los ciudadanos, como sí lo harían modificaciones en el IRPF. En todo caso, si se divide esa cantidad de 9.000 millones mencionada por el líder del PP entre los 46 millones de habitantes del país, el coste por español sería de 192 euros al año y no de 1.000. El partido explicaba después que Casado se refería “a los contribuyentes”, pero incluso así, la subida supondría 458 euros por ciudadano. 

Una batalla de Cospedal

El PP ha pasado de diseñar una estrategia de seguridad nacional con las noticias falsas cuando estaba en el Gobierno a propagarlas en su estrategia de oposición. 

En diciembre, cuando era ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, uno de los principales apoyos de Casado en la recta final de las primarias, cuyos afines hicieron finalmente decantar la victoria del hoy líder del PP, intentó crear un grupo de trabajo en el Congreso integrado por diputados y responsables de los medios de comunicación para abordar la “guerra de la información” y las fake news o noticias falsas. Según dijo la entonces ministra, este tipo de informaciones constituyen “uno de los mayores retos para los sistemas de defensa de las democracias”. Su iniciativa decayó en el Parlamento por falta de apoyos.