Con absoluta reserva, el pasado martes por la tarde se reunieron en la sede del Ministerio del Interior los responsables de garantizar la seguridad de la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio. Según han informado a eldiario.es fuentes conocedoras de la reunión, la misma estuvo presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, y es la primera de una serie que mantendrá con los mandos policiales.
La número dos de Interior convocó la reunión de urgencia en cuanto el Tribunal Supremo difundió el contenido de la sentencia que ordena sacar al dictador del Valle de los Caídos. Se trata de la resolución al recurso de la familia de Francisco Franco, uno de los cuatro presentados en contra de trasladar los restos del dictador.
El Alto Tribunal decidió dar respuesta al recurso de la familia en primer lugar al ser el más complicado por tener que incluir una solución para el destino final de los restos, pero aún debe fallar sobre otros tres que provocaron la suspensión cautelar de la exhumación. Fuentes del Supremo apuntan a que la decisión de los jueces respecto a esas tres peticiones se producirá la próxima semana. En el fallo de la semana pasada queda claro que el procedimiento administrativo con el que el juez José Yusti pretendía paralizar la exhumación no es ya impedimento para la misma.
Botella Gómez citó el martes en Interior a la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega; y a los máximos responsables de Guardia Civil y Policía Nacional en Madrid, el general José Antonio Berrocal y el comisario Jorge Manuel Martí, respectivamente, que fueron acompañados de sus segundos. También participó el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez.
La actual ubicación de los restos del dictador está en demarcación de la Guardia Civil, la localidad de San Lorenzo de El Escorial, mientras que su nuevo destino, el cementerio de Mingorrubio, pertenece al distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, en el que la responsable de la seguridad ciudadana, como en toda la capital, es del Cuerpo Nacional de Policía.
El mismo martes de la reunión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había hecho declaraciones al respecto explicando que la operación de traslado del cadáver se hará “con el suficiente sigilo y, evidentemente, no interfiriendo en el resto de la vida”. Las fuentes consultadas aseguran que en la reunión en el Ministerio del Interior no se manejó aún ninguna fecha. Se trata, añaden fuentes oficiales del departamento, de garantizar la seguridad tanto en el momento de la exhumación, como en el del traslado y el posterior entierro.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue preguntado también el martes por la posible fecha de la exhumación. El jefe del Ejecutivo expresó su deseo de que se produjera antes de que comenzara la campaña electoral, el 1 de noviembre próximo. En esa entrevista, en la Cadena SER, también se pronunció sobre la posibilidad de que la familia del dictador exija honores de Estado: “Ese tipo de cosas son ciencia ficción, pueden pedir lo que quieran, pero eso es ciencia ficción”.
En cualquier caso, la fecha debe decidirse por acuerdo del Consejo de Ministros, lo que garantiza que se conozca la fecha de la exhumación con varios días de antelación. El anterior acuerdo estableció el 10 de junio a las 10:00 de la mañana y fuentes gubernamentales apuntan a que lo único que cambiará será la fecha. Aquel acuerdo no fue aplicado por el recurso ante el Tribunal Supremo de la familia Franco. Esto descarta un traslado con nocturnidad.