Interior intervino las comunicaciones de los titiriteros en prisión por su presunta “capacidad criminal”
El Ministerio del Interior evitó hacer distinciones entre los titiriteros Raúl García y Alfonso Lázaro y cualquier miembro de una organización terrorista en activo. Con la excusa de que uno de los delitos que se les atribuyen es enaltecimiento del terrorismo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias incluyó a ambos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) e intervino sus comunicaciones bajo el argumento de la “capacidad criminal y la peligrosidad del interno patente en los delitos” que se les atribuyen.
El director de la cárcel de Soto del Real, José Luis Argenta, firma las órdenes de intervención de las comunicaciones orales y escritas, a las que ha tenido acceso eldiario.es. En cada una de ellas se alude a la “presunta vinculación del interno a organización terrorista” y al riesgo de que siga dentro de la cárcel “las directrices consignadas por la misma (protestas, encierros, incumplimiento de normas regimentales, etc.)”.
Un personaje de la obra de guiñoles que representaron García y Lázaro de la Fuente el 5 de febrero en una plaza de Madrid exhibía una pancarta de 20 centímetos de alto, según recoge el atestado policial, en la que se podía leer “Gora Alka-ETA”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional interpretó que los titiriteros habían ensalzado a Al Qaeda y a ETA y solicitó para ellos prisión incondicional por enaltecimiento del terrorismo y un delito contra las libertades, medida que acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, el pasado 6 de febrero.
La Guardia Civil condujo a ambos esa misma tarde a Madrid V, el centro penitenciario de Soto del Real. El 8 de febrero, la dirección del centro los clasificó como FIES 3 BA (Bandas Armadas), después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Yuste, aprobara la propuesta.
En la “orden de dirección” para controlar llamadas, cartas y posibles visitas se alega un tercer motivo: “La posibilidad de que a través de las comunicaciones se faciliten datos o información que podría repercutir en la seguridad del establecimiento y sus trabajadores”.
Raúl García y Alfonso Lázaro abandonaron Soto del Real el 10 de febrero, después de que la Fiscalía y el juez corrigieran su decisión inicial. En plena tormenta política y mediática, el Ministerio Público propuso reducir las medidas cautelares a la retirada del pasaporte y la comparecencia diaria en los juzgados. El juez Moreno estuvo de acuerdo y dictó su libertad provisional.
La Sala de lo Penal estimó la semana pasada, en parte, un segundo recurso de las defensas dejando esas comparecencias en quincenales para Raúl García y mensuales para Alfonso Lázaro.
Los abogados de los dos titiriteros han recurrido ante el juez Central de Vigilancia Penitenciaria para que ordene anular la inclusión de García y Lázaro en el FIES. Ambos están en libertad, pero sus nombres siguen incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento. “Si el día de mañana volvieran a ingresar en un centro penitenciario, volverían a econtrarse de manera automática en dicho FIES”, alegan en su recurso las defensas.
FIES: aislamiento y cacheos
En marzo de 2009, el Tribunal Supremo aceptó el recurso de Madres Unidas contra la Droga de Madrid y declaró “nulo de pleno derecho” el apartado de la circular que regulaba el FIES desde 1996. Eso obligó al Ministerio del Interior a reformar el Reglamento Penitenciario, aunque no a acabar con el Fichero. Los presos incluidos están sometidos a normas específicas de aislamiento, intervención sistemática de sus comunicaciones, cacheos aleatorios, registros de pertenencias, cambios de celdas y no se les informa con antelación de una comparecencia en el juzgado.
La actual instrucción dice que deben incluirse en el FIES “todos aquellos internos ingresados por vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, de acuerdo con los informes de las Fuerzas de Seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos”. Fuentes penitenciarias aseguran que la decisión última depende de la Administración penitenciaria y que el solo hecho de ser presos investigados por un delito relacionado con el terrorismo no obliga a su inclusión en el FIES.
Las defensas alegan que ni Raúl ni Alfonso “cumplían ninguna de estas exigencias, pues no están siendo investigados por ningún delito de terrorismo, ni por vinculación o colaboración con banda armada ni que, al menos que esta parte conozca, se les había atribuido cualquier tipo de colaboración de apoyo a estos grupos por parte de las Fuerzas de Seguridad”.
Los abogados destacan que la decisión de incluirlos en el FIES se adoptó el día 8 de febrero. Resulta imposible, alegan, que la dirección del centro apreciara en la conducta de ambos, en tan solo día y medio, algo que le llevara a dictar su pase al Fichero Especial. La decisión, por tanto, se tomó “única y exclusivamente en base al auto de prisión, excluyendo cualquier otro motivo”.
Este miércoles declararán cuatro testigos que ya prestaron declaración ante la Policía, presentes todos ellos en La bruja y don Cristóbal: a cada cerdo le llega su sanmartín, que García y Lázaro de la Fuente representaron en una plaza de Madrid el 5 de febrero pasado, dentro de la programación municipal por los carnavales. Los artistas aseguran que advirtieron de que la obra no era para niños y que la escena de la pancarta citada pretendía denunciar los montajes policiales.
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