La Dirección General de la Policía ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que señala que hay indicios de que agentes de la Policía Nacional participaron en un operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, denominada Operación Kitchen. Además, admite que hay pruebas de que se pagó a “colaboradores o informadores” para esos trabajos.
El juez que instruye el caso Villarejo, Diego de Egea, abrió una pieza separada de esa causa para investigar el espionaje al extesorero del PP a partir de unas grabaciones incautadas al comisario encarcelado. En concreto, se investigan los pagos al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que obtuviese información. Este miércoles tendrá que declarar como imputado en la Audiencia Nacional.
Otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el caso de la caja B, solicitó toda la información de esa Operación Kitchen al Ministerio del Interior. El Consejo de Ministras acordó el pasado viernes levantar el secreto que pesa sobre el operativo policial sufragado con fondos reservados.
Así, la Policía ha enviado este documento a De la Mata en el que le informa de que los detalles de la Operación Kitchen están siendo investigados por su compañero del Juzgado de Instrucción Número 6, bajo secreto de sumario, y que a él se le ha ido informando puntualmente. El escrito está firmado por el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.
A modo de resumen, el Ministerio informa al juez de la caja B que hasta el momento se han recopilado indicios de que en esa operación participaron agentes de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional y de la Comisaría General de Información. Aclaran que esos trabajos se produjeron entre los años 2013 y 2015.
Además, Interior añade que hay “constancia de la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada”.
Con la Operación Kitchen, el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz buscaba documentos que pudiera guardar el extesorero sobre la financiación irregular del Partido Popular y la implicación en la misma de sus dirigentes. Cuando acabó su misión, Interior facilitó la entrada de Ríos en la Policía, con 42 años. Una vez dentro, la Dirección del Cuerpo utilizó un mecanismo excepcional para asignarle el destino que quería, Madrid, donde todavía residen su exmujer y su hijo.>
La causa investiga si Ríos recibió por su trabajo fondos reservados, una partida que libra la Secretaría de Estado de Seguridad para la lucha de las unidades operativas de Policía y Guardia Civil contra el crimen organizado y el terrorismo. Con la llegada del PP al Gobierno en 2012, una estructura ajena a las anteriores, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, albergó un grupo secreto dedicado a labores de Inteligencia, una tarea que excede la función de policía judicial que confiere al Cuerpo la Ley de Fuerzas Seguridad del Estado de 1986.
Por su parte, Fernández Díaz ha asegurado ante los medios de comunicación que no tiene “la más mínima preocupación” en relación a este caso y que no puede “ofrecer información porque caería en un delito de revelación de secretos”.