“Parece evidente que los requisitos exigibles no se cumplieron. Hubo falta de justificación de las unidades a adquirir. No se aprecia rigor en la documentación”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, desgranó el pasado 23 de agosto en el Senado la auditoría interna que su departamento encargó en febrero tras el estallido del ‘caso Koldo’. Después, sin llamarlos por su nombre, anunció la destitución de dos altos cargos que todavía mantenía en su gabinete y que además de estar imputados salían especialmente malparados en esa investigación.
Se trata del exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, y del ex director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda Paniagua. Ambos y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares —cesado en marzo— comparecerán en las próximas semanas en calidad de imputados ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el primer caso de presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno. Una trama que anidó en el departamento gubernamental, el segundo con mayor presupuesto, y que entonces dirigía José Luis Ábalos, un político que fue de la máxima confianza de Pedro Sánchez y uno de sus imprescindibles aliados para el regreso a la dirección del PSOE. Miranda Paniagua y Sánchez Manzanares están citados el próximo miércoles y Gómez García el 23 de septiembre, después de que el juez aplazara su declaración tras apartar a la Abogacía del Estado de su defensa.
La auditoría, que ya está a disposición del juez, habla de “irregularidades” en los contratos y apunta a la gestión del equipo de Ábalos, señalado también por una de las acusaciones del caso, que pidió su imputación tras hacerse público ese informe. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, está a la espera de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para decidir si propone pedir al Tribunal Supremo que lo investigue. Al ser diputado —y, por tanto, aforado— sólo puede abrirle una causa el Alto Tribunal. Desde que el PSOE lo expulsó de sus filas y del Grupo Parlamentario en el Congreso, forma parte del Grupo Mixto.
Entre tanto, el propio Ábalos pidió la semana pasada personarse en la causa, pero como perjudicado, y aportó una pericial que trata de rebatir la auditoría realizada por orden de su sucesor, el actual ministro Óscar Puente, con quien ha roto relaciones. En el escrito dirigido al juzgado, el exministro argumenta que a pesar de que el instructor no le ha solicitado “petición de información alguna” ni ha sido citado “en ninguna condición”, continúan “apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa”. También la Fiscalía ha presentado, a petición del exministro, una denuncia por las presuntas filtraciones de la causa.
La investigación interna del actual ministerio circunscribe la orden de contratar con la empresa bajo sospecha —Soluciones de Gestión— al propio Ábalos o a su gabinete. Esto es, a Koldo García, quien pasó de portero de prostíbulo o guardia de seguridad, condenado por dar palizas, a asesor de Ábalos. Pese a su escasa preparación, Ábalos lo situó como consejero en dos empresas públicas. El hermano de García y su mujer también cobraban del ministerio o de empresas públicas dependientes de él.
Según ese informe, Transportes duplicó la primera compra de mascarillas tras el estallido de la pandemia en apenas 38 minutos. El departamento envió en ese lapso de tiempo una orden que modificaba un primer pedido de casi cuatro millones de mascarillas a unos ocho. Según los documentos aportados en la auditoría, el Ministerio acabó pagando 20 millones de euros por esa compra, fechada el 20 de marzo, apenas una semana después de que el Gobierno declarase el estado de alarma por la situación de la pandemia.
“Presiones”
Respecto a los tres ex altos cargos que comparecerán próximamente ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción considera que “podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas”. Esto es, de las dos empresas del perímetro del ministerio que adjudicaron contratos a la trama: Puertos del Estado y el gestor ferroviario Adif.
El Ministerio Público se basa, para ello, en un informe de la UCO que aludió a que esas supuestas presiones habrían tenido lugar “sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos” y “dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación” a la principal empresa investigada en la causa. Una sociedad que hasta 2017 se había dedicado principalmente a asociarse con otras empresas y desarrollar proyectos sanitarios y de infraestructuras en África, pero que cuando dio el pelotazo de las mascarillas llevaba inactiva varios años. Son unos hechos que, según Anticorrupción, podrían encajar dentro del delito de tráfico de influencias.
En relación al ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, los investigadores de la UCO revelaron que mantenía contacto directo con Víctor de Aldama, un empresario ajeno al sector de la salud, presidente de un club de fútbol de tercera división —el Zamora CF— y que se las ingenió para buscar proveedores de mascarillas cuando estalló la crisis sanitaria. Aldama jugaba con las cartas marcadas. Según el sumario de la causa, el empresario supo que se iban a licitar los contratos de mascarillas antes de que se aprobaran. Con ello ganó 5,5 millones de euros, según los investigadores.
Sobre el ya exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, la UCO subrayó que parecía hacer de “correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores”. Una supuesta implicación que choca con lo afirmado en su declaración como testigo ante los agentes el pasado febrero, cuando aseguró que no había participado de “manera directa o indirecta” en las adjudicaciones. Anticorrupción también describió en la querella que dio lugar a la causa un encuentro en la marisquería ‘La Chalana’ de Madrid entre Koldo García, Gómez García y el director general de la empresa pública EMFESA.
Los investigadores de la Guardia Civil realizaron ese informe tras analizar los correos electrónicos intercambiados entre enero y julio de 2020 por nueve altos cargos de Transportes e Interior. Todo, con el objetivo de averiguar si Koldo García y los empresarios implicados en la trama mantuvieron contactos con directivos de esos departamentos durante el período en el que se formalizaron las millonarias adjudicaciones. En las próximas semanas tres de ellos tendrán la oportunidad de explicarse ante el juez.