Dos grabaciones efectuadas por agentes de la Guardia Civil pusieron a los investigadores sobre la pista. En una, Ignacio González le contaba a Eduardo Zaplana que había tenido que tapar un pelotazo del Canal de Isabel II en época de Alberto Ruiz Gallardón. En otra, Zaplana hablaba sobre el elevado nivel de vida del exministro de Justicia: “Alberto habla como diciendo que está ganando una fortuna…. O aflorando algo”.
Las conversaciones entre González y el exministro de trabajo llevaron a Anticorrupción a iniciar una investigación sobre los ingresos de Gallardón. Pero la magnitud del caso Lezo obligó a posponer las diligencias sobre esta vertiente de la causa, hasta que se cerrasen las pesquisas sobre González. Con este atrapado por la confesión de dos implicados en los negocios del Canal -uno de ellos, su testaferro- el juez ahonda ahora en la compra de Inassa.
Manuel García Castellón ha accedido a todas las citaciones que le pedía Anticorrupción para adentrarse en la investigación. Durante las dos próximas semanas interrogará a todos los que participaron en el proceso de compra de Inassa, una operación que se llevó a cabo en 2001 con el beneplácito del Gobierno regional. Entre los imputados está Juan Bravo, consejero de Economía de Gallardón.
Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal.
Un “cúmulo de irregularidades” en la operación
La Fiscalía también duda de que el Canal tuviese competencias para adquirir una sociedad en el extranjero. Se dan, en definitiva, de “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición”. Además, como se desprende de las conversaciones de González y Zaplana, pudo haber, al igual que en el pelotazo de Emissao, “una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador”.
Bravo declarará el martes. Fue el quien firmó con Gallardón la autorización para la compra de Inassa. Otro exconsejero de esa época, Pedro Calvo, se sentará ante el juez un día después, en este caso por haber sido el presidente del Canal cuando se realizó la operación. Habrá que esperar para ver si finalmente Gallardón y el resto de sus consejeros son finalmente imputados en esta rama de la investigación.
La Fiscalía ya advirtió de que, si no lo había pedido todavía, era porque no disponían de toda la información necesaria. Por ejemplo, de los documentos que manejaron los consejeros y el presidente regional para autorizar la compra. La Comunidad de Madrid ha enviado ya esa documentación tras el requerimiento del juez.
Cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal
Así, Anticorrupción analiza ya el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de Noviembre de 2001, así como el dossier que pasó por las manos de los consejeros. Con esos datos decidirán los nuevos pasos en la investigación, en la que cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han visto indicios de irregularidades.
Los primeros, lo fiscales de Anticorrupción que iniciaron la causa, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, pidieron en noviembre de 2016 un auto de dirección para evitar la prescripción del delito de malversación de fondos públicos. Tres magistradas de Sala de lo Penal -Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González- apuntaron en su auto que “el presunto responsable de esta fase delictiva no es el señor González sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de Madrid”.
El juez Eloy Velasco dio luz verde a investigar los ingresos de Gallardón y su sucesor al frente del caso indicó en el auto de libertad de González que este había tapado las irregularidades de su antecesor. “Dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito” al ocultar un informe que recogía las irregularidades de la compra.
De hecho, la Fiscalía ya apuntó a la posible existencia de un “pacto de silencio” entre los dos presidentes autonómicos. Ahora, Antonio Romeral y Ana Cuenca, los dos nuevos fiscales del caso, vuelven a incidir en la posible existencia de delitos para reactivar la investigación. Gallardón está pendiente de lo que puedan encontrar en la documentación enviada por el Gobierno de Cristina Cifuentes.