Los investigadores encuentran en Colombia la pista del dinero expoliado al Canal en Brasil
La comisión judicial española que se encuentra en Colombia ha encontrado en la residencia de Edmundo Rodríguez Sobrino documentación que acredita una serie de transferencias de una cuenta en Suiza a sociedades tras las que se esconde el testaferro de Ignacio González, han informado a eldiario.es fuentes del caso. De un análisis inicial de esa documentación, los investigadores deducen que se trata de pagos derivados del pelotazo que los imputados dieron con la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao en 2013.
El viaje de los funcionarios españoles a Colombia está resultando vital para la investigación. El hallazgo de la documentación sobre las transferencias desde Suiza se ha producido en el apartamento de Rodríguez Sobrino en la ciudad de Barranquilla. El expresidente de Inassa, la filial con la que el Canal controla sus negocios en América Latina, también escondía 262.000 euros en metálico en su residencia colombiana.
Entre la documentación encontrada en el apartamento de Barranquilla aparecen papeles de la sociedad panameña Amalfi, detrás de las que se esconde Rodríguez Sobrino. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil encontraron el primer rastro de Amalfi en el registro que practicaron en la vivienda que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene en Denia.
El exconsejero de La Razón permanece en prisión incondicional desde su detención el 19 de abril. Este jueves, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de su defensa contra la decisión del juez Eloy Velasco de mantenerlo en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal.
Un pelotazo pagado en Suiza
Anticorrupción y la Guardia Civil buscan pruebas en Colombia de los dos pelotazos del Canal. El primero, la compra de Inassa, fue autorizado por el gobierno regional que presidía Alberto Ruiz-Gallardón en 2001. El Canal compró esa compañía pagando por sus acciones un sobreprecio que, según los investigadores, acabó en bolsillos privados. “Se robaron 25 millones de euros”, resumió Rodríguez en una conversación grabada por los agentes de la Guardia Civil.
Inassa se ocupó del segundo pelotazo, la compra de la empresa brasileña Emissao en el año 2013. Rodríguez pilotó una operación en la que interpuso una sociedad uruguaya para comprar el 75% de esa compañía, que abría al Canal las puertas del mercado brasileño. Su socio I.M. constituyó esa empresa uruguaya, Soluciones Andinas de Agua, una sociedad pantalla a la que dió apariencia de compañía especializada en el tratamientos de aguas.
Sin embargo, durante el proceso Rodríguez obvió que varios informes alertaban de la mala situación financiera de Emissao. Se abonaron por ella 21 millones de euros, pero al poco tiempo su valoración cayó hasta los cinco. La consultora KPGM advirtió en la due dilligence que elaboró antes de la compra de que la empresa brasileña no había aportado toda la información que le pidieron. Tenían dudas de que la operación fuese rentable.
La investigación de la Comunidad de Madrid sobre ese pelotazo se encontró con que el dinero de la operación había acabado en cuentas suizas. Los 21 millones que pagó el Canal por Emissao se ingresaron en el país helvético a nombre de Sebastiao Cristovam, propietario de la mayoría de las acciones de Emissao, e investigado en el caso Lezo, según recoge la denuncia de la Comunidad de Madrid y distintos informes de la Guardia Civil aportados al sumario.
Desde entonces, Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean esos fondos porque sospechan que viajaron desde Suiza a las cuentas de Rodríguez y sus socios. Por eso, el juez Eloy Velasco cursó Audiencia una comisión rogatoria a las autoridades suizas solicitando información bancaria. Con los datos que ofrezca el país helvético se podrá comprobar quién es el titular o titulares de la cuenta donde acabó el dinero de la compra de Emissao y confirmar si las transferencias a Edmundo Rodríguez Sobrino proceden de ella.
En el escrito de oposición a la libertad de Rodríguez Sobrino, los fiscales Anticorrupción apuntan directamente a que el hombre de González en Latinoamérica consiguió “elevadas ganancias ilícitas” con los negocios del Canal. Con ellas compró inmuebles que puso a nombre de su hija en Colombia, Panamá o Londres. Además, tiene una red de cuentas bancarias en los paraísos fiscales de la Isla de Jersey, en Panamá -a través de la sociedad Amalfi- y en Suiza.