La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el llamado núcleo duro de la institución, ha aprobado dividido una nueva declaración en la que el órgano de gobierno de los jueces muestra su “frontal rechazo” a las alusiones al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.
El texto ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente, Vicente Guilarte, y el apoyo de las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Los conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado en contra del texto finalmente aprobado al considerar que el acuerdo es “insuficiente” y “necesita ser ampliado”.
Estos vocales habían pedido una reunión extraordinaria con la que pretendían que fuera aprobado un pronunciamiento de rechazo expreso a declaraciones de miembros del Gobierno sobre el 'lawfare' y a las primeras comisiones de investigación en el Congreso con la que las que ERC y Junts pretenden que se determine si hubo persecución judicial a independentismo. La vocal Pilar Sepúlveda, elegida a propuesta del PSOE, ha votado en blanco.
El texto finalmente aprobado amplía otro previo aprobado el pasado 9 de noviembre y que calificaba de “inadmisible” las referencias al ‘lawfare’ que contenía el citado acuerdo y mostraba su “frontal rechazo” a la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación para investigar la ‘guerra judicial’ contra el independentismo.
Es un asunto que soliviantó al CGPJ y a todas las asociaciones de jueces y fiscales. De hecho, tras el revuelo formado, el PSOE explicó que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlamentarias ya comprometidas. Esas alusiones tampoco aparecen en la proposición de ley de amnistía registrada por los socialistas en el Congreso.
El acuerdo aprobado este martes por la Comisión Permanente añade que el CGPJ “se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación”.
Es una consideración que los vocales conservadores consideran “insuficiente”. En un voto particular, sostienen que con la creación de esas comisiones “se pretende (...) generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería sólo la legal —penal, civil o disciplinaria— sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la ley”.
Como parte de su argumentación, los vocales hacen alusión a una supuesta sentencia del Tribunal Constitucional —en realidad, se trata de un auto— que se refiere al artículo de la Carta Magna que regula las comisiones parlamentarias de investigación. Omiten, sin embargo, que se trata de un asunto sobre el que no existe jurisprudencia. Y tampoco recogen que esa resolución delimitó el alcance de esas comisiones y determinó que su objetivo es “controlar la ”acción del Gobierno, sin que las conclusiones a que puedan llegar (...) puedan ser vinculantes para los tribunales, ni afectar a las resoluciones judiciales“.