El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones sigue adelante con los trámites para efectuar nombramientos a pesar del aval del Congreso a la reforma que le impedirá hacer designaciones de jueces con el mandato caducado, a la que sólo le queda el paso por el Senado para ser una realidad. Según ha informado el CGPJ, en las tres próximas semanas comparecerán ante la Comisión Permanente diez candidatos a dos plazas vacantes de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Estas plazas no serán adjudicadas en ningún caso en el Pleno del próximo 25 de marzo porque su tramitación —que incluye entrevistas a los aspirantes— no se habrá completado en esa fecha y se extenderá hasta el día 30 de este mes. Además, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha trasladado a los vocales que forman la Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— su intención de no llevar al Pleno del CGPJ más nombramientos, según ha adelantado El Español y confirmado elDiario.es.
No obstante, los vocales tienen derecho a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo, según el artículo 18.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ. Es decir, que alguno de sus miembros podría solicitar el debate sobre posibles nombramientos. En el último Pleno, celebrado el pasado 4 de marzo con carácter extraordinario, se aprobaron por la mínima seis nombramientos en la cúpula judicial, aunque no hubo consenso para adjudicar otras dos plazas en liza en el Tribunal Supremo que sí estaban listas para adjudicar. Ambas propuestas de nombramientos se retiraron del orden del día. La reforma que imitará al CGPJ en funciones entrará en vigor previsiblemente en abril.
Los nombramientos en el Supremo se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. El actual CGPJ, conformado en diciembre de 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, cuenta con 11 miembros propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por Izquierda Unida, y otro por el PNV, una composición que se aleja del actual reparto de fuerzas en el Congreso de los Diputados.
El pasado jueves, el Congreso dio luz verde con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos a la reforma que restringirá la capacidad del CGPJ de hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado. Desde que en diciembre de 2018 caducó su mandato, el Consejo ha adjudicado 74 puestos clave en la cúpula judicial. Los últimos, el pasado 4 de marzo. Los socios de Gobierno defienden que el objetivo de esta reforma es acabar con un vacío legal, pues actualmente la única competencia que no puede ejercer el CGPJ en funciones es nombrar a un nuevo presidente. Se trata, sostienen, de una “anomalía democrática” que no ocurre con los demás poderes del Estado.
Las tres derechas, sin embargo, ven en esta modificación legislativa una “injerencia” en la separación de poderes y la independencia judicial y exponen que no tiene sentido limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando el problema es, a su juicio, el actual sistema de elección de sus veinte vocales. Durante el debate de la semana pasada en el Congreso, criticaron ampliamente su tramitación por la vía de urgencia fuera del periodo de sesiones ordinario y que sea un texto “huérfano” de informes jurídicos.
La reforma para regular su interinidad también ha elevado la tensión entre ambos poderes del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Está previsto que esa reforma se apruebe por el Congreso el próximo 11 de marzo, aunque faltaría la votación definitiva en el Senado.