El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá en el pleno ordinario de este jueves si pide al Parlamento la derogación “urgente” de la ley que le impide hacer nombramientos en la cúpula de los principales tribunales cuando, como ahora, tiene su mandato caducado. Esta situación se remonta a diciembre de 2018 por el bloqueo del Partido Popular.
Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado elDiario.es, los vocales analizarán una propuesta de la Comisión Permanente —el núcleo duro del órgano— que, además de pedir la renovación de la institución, reclama la modificación de la ley del Poder Judicial para se les devuelva la “atribución” de hacer nombramientos.
El texto afirma que la situación es “insostenible” en el Tribunal Supremo, donde las vacantes ascienden a 19 sobre una planta de 79 magistrados. Principalmente, por jubilaciones, fallecimientos o nombramientos en otros destinos. Además, durante 2023 está prevista la jubilación de otros cinco magistrados más, lo que elevaría al 30% los puestos vacantes en el principal tribunal del país.
El acuerdo se hace de un informe en el que la Sala de Gobierno del Supremo instó al Parlamento a que ponga “remedio” de “inmediato” a una situación “insostenible”, si bien jueces no hacían propuestas concretas y se limitaban a pedir “iniciativas” que impidieran que empeore este escenario.
Pero el CGPJ sí va más allá y dice que no resulta “coherente” que se cambiara la ley para permitir al órgano designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y que no se haga lo propio con los “restantes nombramientos”. E insiste en que esa reforma está generando “gravísimos perjuicios” a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Ese cambio legislativo fue impulsado por los socios de Gobierno para forzar la renovación del CGPJ. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave. La reforma fue recurrida por el PP y Vox ante el Constitucional. Ambos partidos defienden que es inconstitucional porque limita las competencias que la ley fundamental atribuye al órgano de gobierno de los jueces.
Por otro lado, el acuerdo de la Permanente insta al Congreso y al Senado a que “provean lo necesario, en el ámbito de sus funciones y obligaciones” para la “inmediata renovación” del CGPJ y sostiene que “ningún Poder del Estado puede ignorar dichas disposiciones, ni seguir permitiendo la suspensión temporal” de la Constitución.
Este texto será debatido el próximo jueves en el pleno, que tiene una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV.