El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debería haber sido renovado hace 20 meses, tiene previsto adjudicar estando en funciones y con la composición de la mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP de Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, otros 13 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Con estos nombramientos serían un total de 56 los cargos de la cúpula judicial designados por este Consejo interino. Salvo sorpresa de última hora, los nombramientos se abordarán en el Pleno que la institución celebrará el próximo 30 de septiembre.
Entre las plazas más delicadas que el CGPJ tiene previsto renovar están tres en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Los magistrados de esta Sala de lo Penal son los que tendrán la última palabra sobre sentencias de casos tan relevantes como la Gürtel o los ERE. También serían los encargados de decidir sobre la apertura de una causa penal contra Juan Carlos I en caso de que así lo solicitara la Fiscalía del Alto Tribunal. Su actual presidente, Manuel Marchena, renovó su plaza precisamente con este Consejo interino. Los nombramientos de jueces del Alto Tribunal son vitalicios salvo renuncia.
La jubilación de tres magistrados —Luciano Varela, Francisco Monterde y Jorge Barreiro— ha dejado otras tantas vacantes por las que pugnan 15 candidatos —nueve hombres y seis mujeres— que ya han pasado el primer corte de la Comisión Permanente que, en función de Calificación, es la encargada de ofrecer al pleno ternas para la designación de cargos judiciales. A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, la mayoría del Pleno votó a favor de sacar del orden del día la votación de estos nombramientos, pero el presidente Carlos Lesmes advirtió de que en el caso de que la negociación para la renovación fracasase se retomarían esas votaciones en el siguiente pleno. Esa reunión es la prevista para el próximo 30 de septiembre.
Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, dejó claro en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial deben seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE “inmediatamente de producidas” y que el Consejo tiene que resolver “en el plazo máximo de seis meses”. Además, explican que la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, lo que puede afectar a su funcionamiento si la situación se alarga en el tiempo.
Preferidos por los conservadores
Entre los candidatos a entrar en esa Sala de lo Penal del Supremo hay varios magistrados con predicamento en la mayoría conservadora del CGPJ como Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que fue apartada del caso Gürtel por su proximidad al PP. O Ángel Luis Hurtado, actualmente en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo y que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP pidiendo la absolución del partido.
Espejel accedió al tribunal especial en enero 2007 y desde 2017 dirige la Sala de lo Penal, órgano clave de la Audiencia Nacional, ya que enjuicia la criminalidad organizada y todos los casos de terrorismo. La actual mayoría conservadora la eligió entonces para este puesto frente a otros candidatos como la progresista Manuela Fernández Prado, que es otra de las aspirantes a un puesto en la Sala Segunda del Supremo.
José Ramón Navarro, actual presidente de la Audiencia Nacional, también batalla por un puesto en el Supremo. Llegó a su actual puesto en 2014 gracias al apoyo mayoritario del sector conservador. El pasado julio, con el CGPJ en funciones, renovó el cargo por unanimidad. Pertenece a la moderada Asociación Francisco de Vitoria. Su nombre ha vuelto a la actualidad al aparecer en el sumario de la Operación Kitchen una conversación por SMS entre él y el único político imputado en la causa, el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez.
Teresa Palacios, asociada a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ponente de la sentencia de las tarjetas black que condenó a Rodrigo Rato a cuatro años y seis meses de prisión, es otra de las magistradas de la Audiencia Nacional que aspira a dar el salto al Supremo. Entre los candidatos procedentes del tribunal especial también hay jueces vinculados al ámbito progresista como la citada Manuela Fernández Prado, asociada a Jueces y Jueces para la Democracia, o Juan Ramon Sáez, que entre 1996 y 2001 fue vocal del CGPJ a propuesta de IU y que reclamó “respeto a la pluralidad” en su comparecencia ante la Comisión Permanente.
Por otro lado, aspira a acceder a la Sala de lo Penal del Supremo el actual presidente del TSJ de Catalunya, Jesús Barrientos, un juez “de talante cordial y espíritu conservador”, según este perfil publicado en El País, y que es miembro de la moderada Francisco de Vitoria. De ese mismo tribunal procede el juez Javier Hernández, considerado progresista. Otros tribunales autonómicos también aportan candidatos. Es el caso del TSJ de Andalucía, de donde procede el juez Lorenzo Jesús Del Río, también asociado a la Francisco de Vitoria; y del TSJ de Madrid, donde ejerce en la actualidad Leopoldo Puente.
Los otros cinco aspirantes que faltan para completar la lista total de 15 son magistrados de audiencias provinciales. Cuatro de ellos, de la de Madrid. Es el caso de Pilar Rasillo, considerada progresista, fue una de las expertas propuestas por el PSOE para participar en la comisión de reforma de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana y de Eduardo de Urbano Castrillo, al que se sitúa en el ámbito conservador. Los otros dos aspirantes de la Audiencia de Madrid son Joaquín Delgado y María del Rosario Esteban. También pugna por un puesto en el Supremo la magistrada de la Audiencia de Valencia María Dolores Hernández Rueda.
A la espera de la decisión del Pleno está también el puesto de presidente del TSJ de Canarias después de que ninguno de los tres aspirantes lograra imponerse en una primera votación el noviembre del año pasado. Entre los aspirantes figura el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Pedro Herrera, que fue viceconsejero de Justicia con Coalición Canaria. Los otros dos candidatos son el también magistrado de la Audiencia de Las Palmas Félix Mota Bello y Juan Luis Lorenzo Bragado, destinado en el Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife. También está en disputa la presidencia de la Audiencia de Ourense, a la que optan el actual presidente en funciones, Antonio Piña, y la magistrada Ana del Carmen Blanco Arce.
Presidencias de salas del Supremo
Asimismo, el CGPJ tiene previsto adjudicar a final de este mes otras ocho plazas a cuyos candidatos está entrevistando estas semanas y de los que todavía no se conocen quiénes integrarán las ternas definitivas sobre las que tendrá que decidir el pleno. Tres de ellas son las correspondientes a otras tantas presidencias de sala del Supremo: la Tercera, de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; la Cuarta, de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la Quinta, de lo Militar. Los candidatos son magistrados del Supremo, pues es uno de los requisitos que establecen las bases.
Esta elección supondrá un hito en la historia del Supremo porque por primera vez en la historia la candidatura a la presidencia de una de sus cinco salas, la de lo Social, ha estado integrada únicamente por mujeres. Se trata de las magistradas Lourdes Arastey y María Luisa Segoviano, ambas con más de una década de experiencia en esta Sala del Supremo, un tribunal que cuenta con apenas un 20% de magistradas. A la Sala de lo Militar concurren únicamente dos candidatos: Julián Sánchez Melgar, actualmente en la Sala de lo Penal y que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y Jacobo Barja de Quiroga, que está en esta Sala desde 2014.
A presidir la Sala de lo Contencioso optan tres aspirantes: Eduardo Calvo Rojas y María del Pilar Teso Gamella, considerados progresistas; y César Tolosa Tribiño, que accedió al Alto Tribunal en 2014 y al que se vincula al ámbito conservador. No se ha presentado a la reelección su actual presidente, Luis María Díez-Picazo, que tras acceder a ese puesto en 2015 gracias a la mayoría conservadora y las presiones de Lesmes, protagonizó una sonada polémica en 2018 al pedir que se revisara la sentencia dictada por cinco magistrados de la Sala que había fallado que eran los bancos y no los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas. Finalmente el Pleno de 31 magistrados dio la razón a las entidades financieras.
Con estas designaciones, el actual CGPJ habrá renovado estando en funciones las presidencias de sus cinco salas jurisdiccionales. El presidente de la Sala Primera, de lo Civil, Francisco Marín Castán; fue reelegido en febrero de 2019 y el de la Segunda, de lo Penal, Manuel Marchena; en octubre de ese año.
La Comisión Permanente también están haciendo esta semana las entrevistas para cubrir otras cinco plazas: las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de la Audiencia de Cáceres, y otras dos presidencias de Sala en los TSJ de Andalucía y Asturias. El procedimiento establece que, tras las entrevistas, esta comisión propone una terna de candidatos para cada puesto y el Pleno vuelve a tener la última palabra. La Comisión Permanente acordó la semana pasada retrasar del 24 al 30 de septiembre el Pleno con el objetivo de poder ganar unos días y adjudicar ya este mes las 13 plazas en liza.