Las cinco asociaciones del centroderecha judicial que convocaron una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral, han acordado aplazar el inicio del paro para seguir negociando una subida salarial con el Gobierno. Es la condición que este miércoles les puso el Ejecutivo para mantener abierta la negociación en la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar los salarios de los casi 8.000 jueces y fiscales, después de que las últimas tres reuniones acabaran sin acuerdo.
La mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha sido la última en acordar la suspensión de la huelga en una larga reunión de su órgano de dirección. Y, a diferencia del resto, lo ha hecho sin poner una fecha límite para retomar la movilización si fracasan las conversaciones con el Ejecutivo. En un comunicado, la APM afirma que su ejecutiva ha decidido “suspender” la huelga “como gesto de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial”.
Es una decisión que ya habían tomado en la noche del miércoles las dos asociaciones de fiscales que secundaban la huelga —la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)— y la minoritaria de jueces Foro Judicial Independiente (FJI). En un primer momento habían puesto como fecha límite el día 19, aunque finalmente se han sumado a la propuesta de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa de la carrera judicial, que acordó en la mañana de este jueves retrasar el inicio del paro al día 22 de mayo “para ampliar el margen de negociación durante unos días”.
Ambas partes se volverán a citar de nuevo el martes 16. Está previsto que el Gobierno les traslade entonces una nueva propuesta por escrito, aunque las asociaciones temen que los departamentos de Justicia y Hacienda no pongan más dinero encima de la mesa y que el nuevo esquema mantenga la subida salarial ofrecida hasta la fecha y se limite a proponer cuestiones distintas a las estrictamente retributivas.
Por el momento, las asociaciones del centroderecha judicial —mayoritarias en ambas carreras— insisten en que es “insuficiente” la última oferta del Ejecutivo, que propone sumar más de 46,7 millones de euros más al año a sus salarios, lo que incrementaría sus nóminas con entre 350 y 490 euros al mes, en función de las categorías. Solo las asociaciones de tendencia progresista —que no secundaron la convocatoria de huelga a la espera del avance de las negociaciones— se han mostrado dispuestas a aceptarla y descartan movilizaciones. Tras la última reunión, el representante de Juezas y Jueces para la Democracia, Juan Vacas, calificó la oferta de “seria” y “responsable”, mientras que la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) dijo que “no puede rechazarse”.
Fue una reunión que se prolongó durante más de cinco horas y que evidenció de nuevo la falta de unidad de acción de los convocantes, que no llevaron una cifra concertada y tampoco respondieron de forma unitaria a la exigencia del Gobierno de posponer la huelga para seguir negociando. La Francisco de Vitoria propuso sin éxito en esa última reunión un incremento retributivo de 53 millones de euros, lo que supondría una subida mensual media de 550 euros brutos al mes, según fuentes de las asociaciones.
Es una cifra que está poco más de un 10% por encima de lo que ha ofrecido hasta el momento el Ejecutivo y que está muy lejos de la petición de máximos de la APM, que el pasado lunes se desmarcó con una petición de máximos de 74 millones de euros. En su comunicado de este jueves, la asociación mayoritaria reitera que la oferta del Gobierno “sigue siendo insuficiente”. “Debemos avanzar, además, en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura de nuestras retribuciones”, afirman.
La amenaza de huelga produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias y de gran conflictividad en el sector. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y amenazan con la huelga total a partir del 22 de mayo si el Ejecutivo no hace una oferta económica. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida.