Los nombres del PP en el Constitucional: Espejel, 'querida Concha', y un catedrático que maniobró con Ignacio González

Tras casi dos años con un tercio de sus integrantes con el mandato caducado, el Gobierno y el PP han acordado este jueves renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que seguían en la prórroga desde noviembre de 2019. La decisión forma parte de un pacto  global que incluye la actualización también del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Los nombres pactados por el Ejecutivo y el principal partido de la oposición para el tribunal de garantías incluyen a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Juan Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán.

Concepción Espejel (Madrid, 1959). Presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de mayo de 2017. Concepción Espejel es considerada una magistrada cercana al Partido Popular hasta tal punto que tuvo que apartarse de varios procesos relacionados con la trama corrupta Gürtel. La Audiencia Nacional tomó la decisión a finales de 2015 cuando iba a conformar el tribunal que iba a juzgar la pieza del caso bautizada como 'Época I' junto con Enrique López, actualmente consejero de Justicia en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. También fue posteriormente apartada del tribunal que juzgó la 'caja B' del Partido Popular. 

Espejel es magistrada desde 1983 y pasó por juzgados de Vinaroz, Reus y Valls antes de entrar en la Audiencia Provincial de Tarragona. Pasó a presidir la Audiencia de Guadalajara en 1999 tras pasar por la de Segovia y en 2008 entró en el Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del Partido Popular en el Senado. Tres años después de su vuelta a la Audiencia Nacional fue nombrada presidenta de la sala de lo penal. Fue en 2014 cuando María Dolores de Cospedal pronunciaba la frase que dejaba clara su afinidad con la magistrada: la exministra se refirió a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Enrique Arnaldo Alcubilla (Madrid, 1957). Catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del cuerpo de letrados de las Cortes Generales y abogado. Es uno de los juristas propuestos por el PP para ocupar una de las cuatro vacantes del tribunal de garantías. Su nombre está muy vinculado a los conservadores que lo propusieron en 1996 para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde estuvo hasta 2001. Tras su salida del órgano de gobierno de los jueces montó el despacho Estudios Jurídicos, donde es abogado socio especializado en derecho público, constitucional y administrativo.

Desde ese puesto ha trabajado para políticos del PP y ha utilizado sus contactos para maniobrar a su favor. Según figura en las escuchas telefónicas del caso Lezo, Arnaldo Alcubilla participó en las maniobras para colocar jueces y fiscales afines que favoreciesen la exculpación del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el caso del supuesto regalo de un ático de lujo en la localidad malagueña de Estepona. Este caso quedó archivado en julio del año pasado. En las escuchas interceptadas por la Guardia Civil, Arnaldo Alcubilla promete a González hacer algunas gestiones para poner a un fiscal general “bueno”. 

En el CGPJ coincidió con Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, cuando éste llegó como letrado. Años después lo defendió en la causa que López afrontó por conducir su moto borracho y que derivó en su condena y su salida del Constitucional. Aunque finalmente resultó absuelto, Arnaldo Alcubilla también estuvo investigado en el caso Palma Arena como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando su contratación en su bufete. 

Juan Ramón Sáez Valcárcel (Madrid, 1957). El juez progresista y eterno aspirante a la sala de lo penal del Tribunal Supremo estará, finalmente, en el Tribunal Constitucional. Magistrado desde hace más de 35 años, Sáez pasó por juzgados de San Roque y Madrid antes de convertirse en vocal del Consejo General del Poder Judicial en 1996 hasta 2001 a propuesta de Izquierda Unida. Ya en 2007 se incorporó a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en la que ha sido ponente de varias sentencias relevantes: la absolución de Josep Lluís Trapero, la absolución de los acusados del asalto al Parlament de 2011, la condena por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, la condena a Francisco Granados por el soplo de la trama Púnica o la absolución de los 40 acusados de pertenecer a Segi. Una de sus últimas sentencias ha impuesto 46 años de cárcel a la etarra Soledad Iparragirre 'Anboto' por una bomba trampa en Escoriaza en 1987. 

Considerado de perfil marcadamente progresista, Sáez ha intentado sin éxito acceder dos veces a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La primera vez fue en 2014 cuando la magistrada Ana Ferrer se convirtió en la primera mujer en acceder a la sala segunda del Supremo. El segundo intento fallido llegó a finales de 2019 cuando se presentó para cubrir la plaza que dejaba por jubilación el también progresista Alberto Jorge, adjudicada finalmente a Leopoldo Puente. 

Inmaculada Montalbán (Granada, 1959). Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía después de ejercer en varios juzgados de Granada, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Miembro de Jueces para la Democracia, es experta en igualdad de género. Ha sido presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Su nombre también sonó en las quinielas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en uno de sus primeros intentos fallidos desde 2018.

En 2020 condenó a la Junta de Andalucía por “sacrificar de manera absoluta” el derecho a huelga durante el 8M de sus sanitarios en vísperas del estado de alarma. Acusó al Gobierno andaluz dejar “vacío” ese derecho de los trabajadores durante la huelga feminista y de no contribuir “a la sensibilización de la sociedad” en asuntos referentes a la mujer. Tiene un largo historial de sentencias con perspectiva de género, como la que denegó la residencia en España a un hombre condenado por maltratar a su mujer al considerar que la violencia de género es “una cuestión de orden público a proteger por el Estado”; o en la que condenó al INEM por trato discriminatorio contra una embarazada que no fue admitida en una lista de candidatos para un puesto de trabajo.