Un juez sin competencias abre una causa a la ministra Montero en plena campaña para ver si una asesora cuidaba a sus hijos

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha abierto diligencias contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, para indagar si, como denunció una abogada de Podemos, utilizó a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos. El magistrado tomó esta decisión a una semana de las elecciones en la Comunidad Madrid —el auto está fechado el pasado 27 de abril— y sin tener competencia para ello, pues Montero es aforada y solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo. 

En la resolución, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es, cita como investigada por un presunto delito de administración desleal para el próximo 14 de julio a la asesora, Teresa Arévalo, y ordena librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique a Montero la apertura del procedimiento. Arévalo ejerce en la actualidad como adjunta a la Dirección del Gabinete en el Ministerio de Igualdad pero los supuestos hechos objeto de investigación se refieren a una época anterior, en la que trabajaba en Podemos. 

Fuentes de la formación sostienen que se trata de “otra causa basada en falsedades, que quedará archivada pero que sirve para generar titulares contra Unidas Podemos a cuatro días de votar en unas elecciones”. También se ha pronunciado al respecto la jefa de gabinete de la ministra, Amanda Meyer, que en un mensaje en Twitter ha lamentado que un juez quiera “entrar en campaña” con un “auto malo” y un “delito imposible”. “Sin reglas cuando se trata de ir contra Unidas Podemos. Estoy orgullosa de mi ministra, Irene Montero, y de la adjunta a la Dirección del Gabinete, Teresa Arévalo, una imprescindible”, ha asegurado.

Testigos

El juez también llama en calidad de testigos cinco días después, el 19 de julio, a la gerente del partido, Rocío Esther Val, al tesorero, Daniel de Frutos, y al jefe de Seguridad, Víctor Martins. Con posterioridad interrogará como testigos a la denunciante de estos supuestos hechos, la abogada Mónica Carmona, y a una antigua empleada, Elena González. 

El iniciado por el magistrado Escribano es uno de los tres “procedimientos independientes” que el juez que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, pidió abrir para que se investigaran las supuestas irregularidades denunciadas por Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos. Escalonilla instó a que esas pesquisas se abrieran en procedimientos independientes para evitar la “dilación” en la tramitación del llamado ‘caso Neurona’ y no en piezas separadas dentro de éste, como había solicitado la Fiscalía, que consideró que era preciso un “pronunciamiento” sobre esos hechos para ver si revestían “caracteres de delito” y si debían ser investigados.

Las diligencias cayeron por reparto en el juzgado de Escribano, que acordó iniciar un procedimiento al entender que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. En consecuencia, acuerda abrir diligencias previas para “practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado”. 

En su escrito al juez Escalonilla, Carmona denunció, entre otros asuntos, que Montero “utilizaba a una persona a sueldo del partido, la señora Teresa Arévalo, como cuidadora de sus hijos, lo cual, además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido”. 

El pasado marzo, el Juzgado de lo Social número 1 de Granollers condenó a Podemos a restablecer la jornada laboral de Carmona —a la que le redujo a la mitad su tiempo de trabajo en diciembre de 2019— y a pagarle la parte del salario que ha dejado de percibir desde entonces, pero negó que fuera represaliada por su supuesta investigación sobre las presuntas irregularidades en el partido. Carmona, que sigue a sueldo de Podemos en Catalunya aunque lleva más de un año de baja, ha impulsado junto al también abogado José Manuel Calvente las denuncias que han dado lugar al 'caso Neurona', que mantiene imputado al partido. 

No obstante, esa causa se ha ido adelgazando en los últimos meses con el cierre de varias de las líneas de investigación. En enero, el juez archivó la línea de investigación sobre la reforma de la nueva sede del partido y sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado el abogado. Previamente, en octubre, el juez había cerrado otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa a las supuestas irregularidades en cuatro contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa correspondientes a las generales de 2019.

Sí siguen abiertas las investigaciones sobre el contrato con la consultora Neurona para esos mismos comicios; sobre la la 'caja de solidaridad', un fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones y que ordenó reabrir la Audiencia de Madrid; y sobre los supuestos sobresueldos, que Escalonilla reabrió también hace apenas unos días a propuesta de Vox y en contra de la Fiscalía.