El juez de la Audiencia Nacional que se ha hecho cargo de la investigación sobre el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles con el programa 'Pegasus' ha decidido poner la investigación bajo secreto de sumario y ofrecer acciones a los dos políticos afectados. El secreto de sumario se decreta, por ahora, durante un mes aunque puede prorrogarse en varias ocasiones.
El magistrado José Luis Calama toma esta decisión después de una petición de la Fiscalía en este sentido. Entiende que la causa debe ser puesta bajo secreto para evitar la filtración de las diligencias y de información “sensible que puede estar legalmente clasificada”. No hacerlo, dice, puede dar lugar a “interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos” para “comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento”.
Explica que no se trata de una medida definitiva, sobre todo para evitar “cualquier merma del derecho de defensa” en caso de que en algún momento exista alguna persona acusada o imputada por este espionaje perpetrado a través del software de la empresa israelí NSO.
Calama se hizo con el caso después de que la Abogacía del Estado denunciara los hechos el pasado 2 de mayo. Ese mismo día el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció en rueda de prensa que los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa habían sido espiados con el programa Pegasus a lo largo del pasado año 2021. En el caso del móvil de Sánchez había sucedido el 19 de mayo y el 31 de mayo - en plan crisis migratoria con Marruecos a raíz de la llegada de Brahim Ghali - y fueron sustraídos en torno a tres gigas de información. El ataque al teléfono de Robles fue en junio de ese año y fueron sustraídos nueve megas de información.
La información fue desvelada por Bolaños poco después de que un grupo de investigadores de Canadá, llamados Citizen Lab, emitieran un informe bautizado 'Catalangate' en el que afirmaban que los teléfonos móviles de más de 60 personas vinculadas al independentismo catalán - entre ellas varios presidentes autonómicos, abogados y personas de su entorno - habían sido infectados con Pegasus aunque sin desvelar la procedencia del ataque.
Ese caso también ha sido judicializado por uno de los letrados investigados, Gonzalo Boye. El letrado, entre otras acciones judiciales, ha presentado una querella de 100 páginas en los juzgados de Madrid contra la empresa israelí que desarrolla el software de espionaje.