El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid estudia la denuncia presentada por José Manuel Calvente, abogado que trabajó en Podemos desde la fundación del partido hasta que fue despedido en diciembre pasado, por presuntos delitos cometidos en la administración de la formación. El magistrado Juan José Escalonilla ha ordenado una serie de diligencias “esenciales” para determinar “la naturaleza y circunstancias” de los hechos presentados por el denunciante y la identidad de las personas que pudieran haber intervenido, como paso previo a decidir si inicia una investigación formal.
El magistrado ha citado al propio Calvente para el 29 de julio, a la otra despedida en diciembre, Mónica Carmona, y a la que fuera responsable del Equipo Legal de Podemos Gloria Elizo, estas dos últimas el 15 de septiembre. Escalonilla ordena a la Policía en su auto de apertura de diligencias previas, al que ha tenido acceso eldiario.es, que identifique a “la persona física y jurídica que bajo la denominación #404 Comunicación Popular solicitó la cantidad de 55.000 euros a la Caja de Solidaridad de Podemos”.
En diciembre pasado, Podemos despidió al abogado José Manuel Calvente tras la denuncia de la abogada Marta Flor por acoso sexual, una cuestión que todavía se dirime en los tribunales. Ese mismo mes, el letrado presentó ante la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona -donde reside- una denuncia de más de cuarenta folios en la que describe unos hechos a los que asegura empezó a tener acceso a mediados de 2018 en el ejercicio de su cargo de responsable de protección de datos y de seguridad de la información confidencial del partido. En el escrito asegura que su despido se debe a ello. Según han informado fuentes jurídicas a eldiario.es, José Manuel Calvente señala a varios empleados de Podemos y los dirigentes Juanma del Olmo y Rafael Mayoral, este último también diputado del Congreso. El juez, por contra, asegura que “no están determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido” y por ello acuerda las diligencias citadas.
Calvente califica los hechos descritos por él mismo como financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Con la denuncia del abogado, la Guardia Civil elaboró un atestado que remitió a un juzgado de Martorell rebajando los posibles delitos a malversación de caudales públicos y administración desleal. Este juzgado, con el paréntesis de la crisis sanitaria, terminó por inhibirse en favor de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por una cuestión de competencia y el asunto recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que una vez recibida la documentación dictó el citado auto el pasado 16 de julio.
De acuerdo al atestado de la Guardia Civil, el juez Escalonilla abrió las diligencias previas 1182/2020 por los presuntos delitos de malversación y administración desleal. El magistrado asegura que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y dicta las citadas diligencias para determinar si es así.