El Ayuntamiento de Madrid continúa sin aclarar la cantidad y el destino del material sanitario que compró a través de Alberto Luceño y Luis Medina en plena pandemia de COVID dos años después de que comenzara la investigación. El juez del caso, Adolfo Carretero, acaba de reclamar al Consistorio que detalle cuántos guantes adquirió a los comisionistas por importe de 975.000 dólares, pese a que no servían para proteger a los sanitarios en plena pandemia.
La acusación por estafa que recae sobre los investigados señala que vendieron 2,5 millones de guantes al Ayuntamiento por la cantidad reseñada, pero un informe reciente de Aduanas explica que solo hay constancia de que llegaran a España la mitad, 1.250.000 pares.
Ahora, el juez da un mes a la empresa de logística encargada de la recepción del material (Kuehne & Nagel) y al propio Consistorio para que constaten “la cantidad exacta” de guantes de nitrilo que recibieron, “expresando claramente si se trata de pares o unidades”. En un auto dictado este lunes, Carretero exige a empresa y Ayuntamiento que indiquen si recibieron los guantes en distintas remesas, y si fuera así, que detallen la fecha y resto de extremos de cada una de las operaciones de importación“.
El Ayuntamiento de Madrid compró a través de los dos imputados mascarillas, guantes y test por valor de 11 millones de euros, de los que los comisionistas se quedaron un total de seis millones. Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a la causa, cuatro millones de euros de los 11 desembolsados con dinero público fue por material defectuoso. En este terreno es de especial relevancia el caso de los guantes. Cuando llegó la primera remesa, el Ayuntamiento comprobó que no era el modelo que había pedido que protegían hasta los codos: solo cubrían hasta la muñeca.
Elena Collado, la responsable de compras, se quejó al comisionista en un mensaje que incluía una foto de unos guantes idénticos a los habían llegado, tomada en un supermercado de Madrid, que se vendían por la cuarta parte del precio al que los habían pagado. Luceño le contestó que el proveedor no devolvía el dinero y que podía rebajar el precio. Así se hizo, pero lo que ocultaba el comisionista es que él renunciaba a su comisión, de más de cuatro millones. En esta coincidencia de cifras entre la supuesta rebaja y la comisión recibida por Luceño razona Anticorrupción parte de su acusación por estafa.
El Ayuntamiento de Madrid sigue sin detallar qué fue del material comprado a través de los comisionistas. A preguntas de elDiario.es, un portavoz oficial dijo en abril de 2022 que los guantes, inservibles para los sanitarios, fueron derivados a otros funcionarios del Ayuntamiento, como los conductores de la Empresa Municipal de Transportes, pero sin detallar cuántos se utilizaron para tal fin.
“Se duplicaría el perjuicio causado”
El juez Carretero actúa a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción. En un informe del Ministerio Público, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal Luis Rodríguez Sol explica que correos electrónicos aportados por el Ayuntamiento, incluyendo conversaciones con el representante de la empresa de logística, así como las conversaciones por Whatsapp entre Elena Collado y Alberto Luceño, “solo hay constancia de la llegada a la aduana española de una primera partida de guantes (1.250.000 pares) a través del aeropuerto de Lieja, sin que se sepa si finalmente la segunda partida llegó o no a su destino”.
“Es probable –continúa el fiscal– que, después de la controversia generada por el desacuerdo con la calidad de los guantes y la devolución al comprador de la mayor parte del precio pagado, la empresa exportadora cancelara el envío de la segunda remesa de guantes”. Para el fiscal, la información requerida al Ayuntamiento y a la empresa Kuehne & Nagel “es importante porque, de confirmarse, significaría que el perjuicio causado al Ayuntamiento de Madrid con esta operación duplicaría la cuantía inicialmente estimada”.
La tesis principal de la defensa de Alberto Luceño y Luis Medina es que las comisiones que cobraron fueron acordadas entre ellos y el proveedor, el malasio San Chin Choon, con lo que difícilmente pudieron estafar ellos al Ayuntamiento. Sin embargo, todo lo relacionado con el supuesto empresario de Kuala Lumpur sigue siendo una incógnita, al haberse negado a colaborar tal y como le reclamaba el Juzgado de Instrucción de número 47 de Madrid.
Luceño aseguró al juez que es “agente exclusivo” de Leno, la compañía de San Chin Choon, desde septiembre de 2018 y que en los últimos años ha cerrado con él operaciones de importación de pollo, cerdo, vacuno y soja. Sin embargo, un reciente informe de la Agencia Tributaria, incorporado a la causa y al que ha tenido acceso elDiario.es, pone en cuestión esa afirmación.
La AEAT ha analizado las cuentas bancarias de Luceño y de las sociedades a su nombre: En 2019 ninguna de ellas tuvo movimientos de entrada o salida de fondos. En 2020, si se descuentan las comisiones por el material sanitario, solo una de esas cuentas recibió ingresos, en concreto 5.244,09 euros. En el periodo investigado, 2019 y 2020, ni sus cuentas personales ni las de sus empresas recibieron transferencia alguna del extranjero por importes superiores a 50.000 euros.
El fiscal Luis Rodríguez Sol concluye en su escrito: “Es difícil comprender cómo se puede haber actuado como agente o intermediario en operaciones de comercio internacional sin haber cobrado retribución por ello”.