El juez de Púnica propone juzgar a Marjaliza, cinco exalcaldes del PP, uno del PSOE y un independiente

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de la instrucción del caso Púnica, ha propuesto juzgar al empresario David Marjaliza y a ocho exalcaldes por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely, a la que también propone juzgar como persona jurídica.

En el auto de pase a procedimiento abreviado de la pieza separada número 6, el magistrado propone enjuiciar a un total de 37 personas por unos hechos constitutivos de un total de ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso prevaricación y revelación de información reservada o tráfico de influencias.

Entre los investigados se encuentran los exalcades de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez Lopez de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández; y de Almendralejo José García Lobato.

Actuaban como una “presunta organización criminal”

En el auto, el magistrado explica que, entre marzo del 2012 y octubre del 2014, los investigados de Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban”.

En concreto, la investigación afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de esas localidades, por un monto total de cerca de 224 millones de euros. En el caso de Almendralejo, el juez señala que no se llegó a adjudicar ningún contrato a la empresa, aunque el alcalde sí que habría facilitado información del expediente de forma permanente durante su tramitación, por lo que el juez procede contra él por un delito de revelación de información reservada.

Para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros. “El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, recoge el auto.

El escrito refleja además que, pese al esfuerzo de los investigados, el plan “no fue viable” en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. Se frustró, explica el juez, por la situación de insolvencia y severa morosidad de la mayoría de los consistorios y los reparos de algunos de los interventores de las instituciones implicadas.

El juez detalla que los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía. Por otro lado, los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 se vieron afectados por la actuación del juzgado en la Operación Púnica, que “desactivó toda la organización criminal”.