La magistrada Carmen Casado decidió el pasado viernes suspender de forma urgente la emisión de 135.000 sellos conmemorativos del centenario del Partido Comunista por parte de Correos basándose sólo en la proximidad de su salida al mercado. El auto, de cuatro páginas en total, no analiza ninguna de las alegaciones de Abogados Cristianos sobre la falta de neutralidad política de los sellos o del papel del PCE en “las matanzas de Paracuellos” y se limita a constatar que, efectivamente, la emisión estaba prevista para hoy y que, por tanto, procedía suspender de manera cautelarísima su emisión sin escuchar las alegaciones de Correos.
Después de repasar la jurisprudencia sobre las medidas cautelarísimas, la jueza explica que toma la decisión “a la vista de la proximidad de la fecha de emisión del sello conmemorativo en fecha de 14 de noviembre de 2022” en su auto. La magistrada considera acreditada “la especial urgencia que amerita la adopción de la medida cautelarísima interesada por la representación de la parte demandante” por lo que “procede acordar la suspensión del acto denunciado como vía de hecho por la parte actora”.
La decisión fue conocida a lo largo del pasado sábado aunque hasta ahora no habían trascendido los argumentos de la magistrada de lo contencioso para paralizar la distribución del sello de manera cautelarísima y sin escuchar las alegaciones de ninguna de las partes. La asociación de Abogados Cristianos , tal y como explicaron en un video, no sólo pedía su retirada por ensalzar, dijeron, “las matanzas de Paracuellos” sino por una “evidente violación del principio de neutralidad” al ser un sello conmemorativo del PCE, partido que actualmente forma parte del gobierno de coalición. “El año que viene es año electoral”, explicó la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos.
Desde Correos confirmaron el fin de semana pasado que esta compañía pública preparaba alegaciones contra esta decisión de la jueza de cara a la fase de medidas cautelares, donde la magistrada tendrá que decidir si mantiene o levanta la prohibición de distribuir el sello conmemorativo del PCE –partido legal en España desde 1977– tras estudiar los informes de las partes.
Los artículos de la Ley que regula las medidas cautelarísimas explican que el juez debe valorar “todos los intereses en conflicto” y adoptar este tipo de medidas “únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”.
Este lunes, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha dicho desde Guadalajara que su formación entiende que la decisión judicial “ha traspasado una línea roja en democracia”, y “está cuestionando la legalidad del Partido Comunista de España”. Santiago ha incidido en que por parte del Poder Judicial, este es un nuevo paso en el cuestionamiento de valores democráticos.