La jueza propone juzgar a Sito Miñanco, el abogado Gonzalo Boye y otras 45 personas por narcotráfico y blanqueo

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, “Sito Miñanco”, y a otras 45 personas físicas, entre ellas al abogado Gonzalo Boye, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga, informa Europa Press.

En un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 recoge la solicitud de la Fiscalía Antidroga y explica que esta investigación se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.

La juez indica que su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria, “un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad”.

El auto de la magistrada explica cómo en una de las operaciones realizadas por esos correos humanos que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia fue interceptada por la Policía. El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

La juez relata cómo ante esa aprehensión, García Arango y el también procesado Puentes Saavedra iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. Para encontrar la forma de recuperar el dinero, según el relato de la magistrada, tuvo lugar un encuentro en el que participaron Puentes Saavedra, Prado Bugallo y García Arango con los investigados Gonzalo Boye Tuset y Jesús Morán Castro, los dos abogados. En el transcurso de esa reunión, continúa la jueza Tardón, Boye y Morán informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los procesados, González Rubio, las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.

Ese pretendido negocio, según la jueza, “no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía”.

Tardón concluye que los abogados “Boye Tuset, Morán Castro y Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que González Rubio había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia”.

Por ello, la juez procesa a los 3 abogados por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Gonzalo Boye es abogado, entre otros, del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha ejercido igualmente la defensa del que fue su sucesor, Quim Torra.

La Policía registró el despacho profesional de Gonzalo Boye en Madrid con motivo de esta investigación en noviembre de 2019. Boye ha negado reiteradamente tener ninguna relación con el blanqueo y el narcotráfico y ha enmarcado su relación con Sito Miñanco en una labor estrictamente profesional de defensa. El letrado vinculó el registro de su despacho y su imputación a la defensa que ejerce de los políticos independentistas catalanes. “En ningún caso nos harán retroceder en la defensa de los derechos y libertades de Catalunya. Defendemos, y defenderemos, a los exiliados y presos políticos catalanes, y a quien haga falta, con la misma determinación y convicción que lo hemos hecho hasta ahora”, expresó en las redes sociales.

En un comunicado, la oficina de prensa de Boye ha asegurado que, una vez se analice el procedimiento que ha permanecido secreto por espacio de casi dos años, se presentarán, “en tiempo y forma”, pruebas documentales “suficientemente aclaratorias que, sin lugar a dudas, exculpan” al abogado de cualquier responsabilidad en ese supuesto delito de blanqueo de capitales.

“Solo se ha hecho el trabajo que como defensores tal cual lo establece el Estatuto General de la Abogacía Española y lo refuerza la propia ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, ya que el artículo 2.1 ñ) los excluye de ser sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales”.

La propia ley establece, expresa el comunicado, “que los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos, 7, 3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información durante, antes o después del proceso, y guardarán el deber de secreto profesional por la defensa de la propia esencia del derecho y conforme a la legislación vigente”.