El juicio de la caja B ofrece a Bárcenas cumplir su amenaza más sólida al PP
Llegó la hora. Tras varios aplazamientos por el contagio de Covid del exgerente del PP Cristóbal Páez, el juicio de la caja B acoge la sesión en la que declarará éste y el resto de acusados, entre ellos Luis Bárcenas. Este lunes, el extesorero del Partido Popular tendrá al fin la oportunidad de dar la estocada a sus antiguos compañeros en la más cerrada de las investigaciones acerca de la financiación irregular de la formación política de cuantas están en la Audiencia Nacional.
El pago de la reforma de la sede de Génova con dinero negro de una caja B ha sido acreditada indiciariamente en siete años de investigación y ahora Bárcenas tiene la oportunidad, como acusado y artífice de aquella operación, de ratificar todas esas pesquisas, al tiempo que retará a Mariano Rajoy o cualquier dirigente que se precie a contradecirle.
Sus intenciones quedaron de manifiesto en el escrito que puso del revés al Partido Popular hace un mes y que Bárcenas dirigió a la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se vio obligado a publicar una nota aclarando que se trataba de una iniciativa del propio Bárcenas, ajena a cualquier negociación y en la que rebajaba las expectativas sobre las consecuencias judiciales que pudiera tener. El PP asegura que tras la confesión de Bárcenas hay una maniobra de la Fiscalía y el Gobierno.
Desde entonces, esas expectativas se han ido recortando al reconocer Bárcenas que la nueva documentación que pudiera presentar sobre las mordidas al PP a cambio de adjudicaciones del Gobierno de Aznar están en proceso de ser recuperada por él ya que se las confió a un amigo, según ha dicho su abogado. Será el juez Santiago Pedraz quien mida el valor de sus afirmaciones y de los documentos que pueda presentar en la investigación sobre el cohecho de los empresarios que instruye en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Tampoco ha ayudado la declaración prestada por Bárcenas en el caso Púnica la semana pasada, en concreto en la pieza que investiga la caja B del PP madrileño. Ante el juez Manuel García-Castellón, Bárcenas se presentó con rotundas afirmaciones que, sin embargo, no tienen soporte documental más allá de los episodios prescritos, como la de que él presenció cómo Esperanza Aguirre aceptaba un sobre con 60.000 euros de un empresario que luego construyó uno de los hospitales puestos en marcha por aquel Ejecutivo autonómico.
Lapuerta y él hicieron el amaño de Génova
Pero el juicio de la caja B es cosa distinta. Bárcenas detalla en su escrito las trampas a la Hacienda Pública que el partido hizo para costearse una sede reformada. Y lo hace en calidad de testigo de excepción: él y Álvaro Lapuerta concretaron el fraude personalmente con el estudio de arquitectura cuyos responsables también se sientan en el banquillo. Bárcenas ha dicho que los dos secretarios generales a los que afectaron las obras, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal estaban al tanto y dieron su visto bueno.
Sin embargo, ningún dirigente del PP por encima de Bárcenas será juzgado. Lapuerta falleció en 2018 y los estatutos del PP blindaron a sus secretarios generales y presidente sobre las decisiones que tomaban gerente y tesorero, una suerte de entes autónomos que podían, según esa normativa interna, hacer y deshacer sin autorización de los dirigentes de la formación política.
“La ejecución de las obras se negoció con Unifica, en cuanto a las condiciones y forma de pago, en reuniones en las que participaron, por un lado, Álvaro y yo, y por Unifica, González Urquijo. En estas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja b, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de entorno a un 10%”, recibe Bárcenas en su escrito a Anticorrupción del pasado 2 de febrero.
A continuación, el extesorero ofrece otros detalles que este lunes podrá reproducir en la vista oral. Los hechos que se juzgan se circunscriben al último ejercicio no prescrito de los ‘papeles de Bárcenas’, 2008, pero la financiación irregular del PP durante dos décadas que esos documentos reflejan, estará presente durante toda la vista.
El auto de apertura del juicio oral detalla el funcionamiento de la contabilidad en negro entre 1990 y 2009, los años que abarcan las anotaciones de Bárcenas. Ahí aparecen sus donantes, la veintena de empresarios que estuvieron imputados pero a los que Ruz archivó la causa por no poder demostrar que sus inyecciones de dinero eran a cambio de obras concretas (la línea que se ha reabierto ahora). También constan los dirigentes que recibieron sobresueldos, con Rajoy a la cabeza, y el destino que se dio igualmente a los 8 millones que figuran en las anotaciones y de los que igualmente salieron gastos de las campañas electorales.
El abogado de Bárcenas avisó en el trámite de las cuestiones previas de que si Rajoy se atreve a contradecir a su cliente, cuyas afirmaciones coinciden con lo recogido en el citado auto de apertura de juicio oral, solicitará un careo.
Entre el escrito de Bárcenas a Anticorrupción y la sesión de mañana, el Partido Popular ha tenido tiempo para anunciar que se va de la sede de Génova, entre críticas internas, como la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, quien además de poner en cuestión la utilidad de la medida ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se deba más que a un intento de romper amarras con el pasado a la deuda millonaria que pesa sobre el Partido Popular.
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