El juicio del espionaje a Bárcenas no llevará al banquillo a la X del caso Kitchen

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen se proyecta en dos planos de relevancia: el más visible, con la petición de una pena de cárcel para un ministro del Interior por segunda vez en democracia, y otro, de más difícil percepción y que deja claro que no todos los responsables de la operación se sentarán en el banquillo. 

La decisión de la Audiencia Nacional de salvar del juicio a María Dolores de Cospedal y no investigar a Rajoy ha obligado a Anticorrupción a circunscribir a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 el plan de destruir pruebas perjudiciales para el PP, pero con un mensaje adherido: “Sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias”.

El fiscal Miguel Serrano ya dejó otra afirmación, de las más duras que se ha hecho contra un juez de la Audiencia Nacional, que ayuda a entender la anterior. Era septiembre de 2021 y el fiscal recurría el archivo de la causa para Cospedal. Al referirse a la“conexión política” de la operación Kitchen, Anticorrupción afirmaba: “Hay una rotunda negativa [del juez Manuel García Castellón] a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”.

Han pasado 25 años desde que el fiscal José María Luzón –padre del actual jefe de Anticorrupción– solicitara 23 años de cárcel para otro ministro del Interior, José Barrionuevo, también por malversación. Ahora, Jorge Fernández Díaz se enfrenta a 15 años. También está acusado de malversación, pero la diferencia es que la acusación contra el socialista iba acompañada de otros delitos más graves relacionados con el secuestro de Segundo Marey por los GAL. La relación entre uno y otro caso figura en el apartado de las ausencias: ¿Actuaron los ministros del Interior a espaldas de sus superiores, en Moncloa o en el partido?

Jorge Fernández Díaz pertenecía en aquella primera legislatura al núcleo duro del presidente Rajoy. El juez García Castellón hizo un amago de investigar la posible relación entre el comisario José Manuel Villarejo y el presidente del Gobierno a través de un número de móvil que facilitó el policía, pero pronto desistió. De nada sirvió que Villarejo y el comisario García Castaño aseguraran que Rajoy era puntualmente informado a través del Ejecutivo de Atresmedia Mauricio Casals. Tampoco que Asuntos Internos identificara en sus informes a El Barbas o El Asturiano como Mariano Rajoy, alguien conocedor de la operación, según decía en las grabaciones Villarejo y ratificaban sus interlocutores.

Más indicios y más contundentes se acumularon contra María Dolores de Cospedal. Aparecen en su relación con Villarejo, que se remonta a los inicios del caso Gürtel y a sus reuniones secretas en la planta séptima de Génova, muy cerca del despacho de Rajoy. Allí, en 2009, acordó con su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, encargar “trabajos puntuales” al policía acusado de liderar una organización criminal mientras estaba en activo, según la grabación publicada. 

Después, en pleno estallido del escándalo de la caja B, advirtió al comisario de su deseo de “parar la libretita”, en relación a los papeles de Bárcenas, la principal prueba de la financiación irregular de los conservadores durante dos décadas, según la grabación publicada por El País en mayo de 2022.

La relación de la responsable política y el comisario se enmarcaba, sin embargo, en los usos “sociales”, según García Castellón. Las anotaciones en la agenda del policía, que incluían pagos y demandas de atrasos a la secretaria general, terminan de apuntalar el relato de la participación de Cospedal en una operación en la que le iba mucho: Rajoy y ella misma aparecen como perceptores de dinero negro de la caja en los papeles de Bárcenas, “la libretita”.

Pero este viernes, la Sala de lo Penal se alineaba con García Castellón y rechazaba los recursos que PSOE y Podemos habían presentado contra la decisión del juez instructor de volver a imputar a Cospedal, a los que se había adherido Anticorrupción, de acuerdo a los nuevos audios publicados. Tampoco ha servido para que, sumado al resto de indicios, García Castellón primero, y la Sala de los Penal después, decidieran volver a imputar a la ex secretaria general del PP.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, conocido también este viernes, la operación Kitchen tuvo “como finalidad evitar que todo ese material, incriminatorio para el PP, y los dirigentes que pudieran resultar investigados, fuera formalmente aportado” al juzgado que investigaba la caja B. El relato impuesto por la Audiencia Nacional añade que nadie por encima de Jorge Fernández Díaz supo de la operación, que el ministro no recibió órdenes de nadie, que ningún otro servicio de Información distinto al de la Policía estuvo al tanto de la misma. 

La sombra reiterada del CNI

La investigación del caso Kitchen ha dejado numerosos indicios para sospechar que no es así. Uno de los encargados de apuntar esos indicios fue el considerado por el juez “coordinador” de la operación, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión. En una reflexión que la Policía le arrebató del teléfono, Martínez decía: “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández], Rajoy y Cospedal”.

De forma voluntaria, Martínez incluyó en un registro ante notario un mensaje con Fernández Díaz en el que aludían al “contacto cecilio”, expresión policial para referirse a los agentes del Centro. Y de forma involuntaria, cuando escribió una reflexión en su teléfono, sin saber que luego sería incautado, en la que aludía a la implicación de otros “servicios del Estado”.

La Fiscalía siempre sospechó que el CNI podía estar detrás del asalto a casa de los Bárcenas por un falso cura, un delincuente habitual casi en la indigencia, que llegó a tener dos abogados consecutivos de pago durante el proceso que le llevó a la cárcel. Muy interesado en la línea de investigación del falso cura, un día García Castellón decidió que se había acabado: lo trasladó en una ambulancia a la Audiencia Nacional y allí un forense, distinto del que le había visitado en la cárcel, concluyó que no estaba en condiciones declarar. Enrique Olivares murió en prisión en enero de 2022.

Una Kitchen paralela en prisión

La persistencia de Anticorrupción ha logrado incluir en el relato de hechos una segunda operación Kitchen, casi paralela, desarrollada en el interior de la cárcel de Soto del Real. Allí Bárcenas sufrió el robo de documentación y la manipulación de un compañero de celda que, de permiso, iba a acceder a la nube donde el ex tesorero, presuntamente, guardaba conversaciones incriminatorias para Rajoy Javier Arenas. 

De esa operación paralela en la cárcel, los fiscales responsabilizan a Jorge Fernández, a Francisco Martínez y a los policías Eugenio Pino –ex director adjunto operativo–, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo. Pero también, de nuevo, “a personas que no han sido hasta ahora identificadas”.

El rechazo de la Sala de lo Penal a los recursos de las acusaciones aboca a la apertura de juicio oral por parte de García Castellón, una decisión que ya no podrá ser recurrida. Mientras, y también durante la celebración de la vista, si acusados como Jorge Fernández o Francisco Martínez atesoran pruebas contra otros superiores, están a tiempo de mostrarlas y buscar un acuerdo con la Fiscalía que rebajara sus eventuales condenas. 

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