La Junta de Castilla y León reconoce que vulneró la ley al adjudicar 4,4 millones a dedo a la empresa que reformó en negro la sede del PP
La vicecepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, asegura que se ha abierto una “investigación interna” para saber qué pasó con la adjudicación a dedo de 4,4 millones a Unifica Servicios Integrales, la empresa que reformó en negro la sede del Partido Popular en Madrid y que, tal y como reveló eldiario.es, amuebló el edificio de Economía conocido como Perla Negra sin que mediase concurso público ni pliego de condiciones técnicas.
Lo que Valdeón no supo precisar es si en esa investigación interna se ha previsto preguntar al que fue consejero de Economía, Tomás Villanueva, o a su mano de derecha, el consejero delegado de la sociedad pública de suelo de la Junta, Gesturcal, Rafael Delgado. Sobre este último, que es el que firmó todas y cada una de las facturas a favor de Unifica, Valdeón subrayó que “esa persona” ya no forma parte del gobierno regional. Valdeón titubeó y se excusó en que hay una investigación judicial en marcha con la que hay que ser “respetuosos” y que “debe resolverse con la mayor imparcialidad”. De hecho, intentó que el consejero de Fomento, juez de profesión, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que comparecía con ella en la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, la auxiliase, logrando tan sólo su asentimiento.
“Queremos colaborar con la justicia, somos los primeros interesados. Hemos aportado en el juzgado los expedientes completos”, aseguró Valdeón, aunque la documentación consiste tan sólo en facturas, planos y borradores que ya demuestran que la adjudicación a Unifica fue irregular. Así, a la vicepresidenta no le quedó más remedio que reconocer que la Junta de Castilla y León vulneró la ley: “Hay que estudiar los documentos, pero sí, con la Ley de Contratación Pública en la mano, se puede decir que la adjudicación tenía que haberse hecho mediante concurso público”, afirmó.
El caso Perla Negra, cuya investigación judicial arrancó en 2013, trata de aclarar el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía, por el que se pagaron cerca de 70 millones, y sobre el que siguen apareciendo nuevas facturas como las desveladas por eldiario.es. Desde entonces, a pesar de que Fiscalía ha advertido en varias ocasiones al gobierno regional de que si no se persona en el caso el dinero presuntamente malversado podría ser irrecuperable, la Junta ha declinado hacerlo. No sólo no se siente perjudicada sino que además costea los servicios del despacho de abogados Garrigues a los altos cargos imputados.
Pero Valdeón ahora no descarta la personación, y mantiene “abierta” esa posibilidad, así lo aseguró a preguntas de este medio, y tampoco considera que se vaya a producir un conflicto de intereses si lo hace aunque el propio gobierno regional pague la asistencia letrada a los responsables de la Junta investigados. “Podemos personarnos en cualquier momento y queremos esperar a que el juez considere que hay un daño comprobado a la Junta”, matizó. La mano derecha del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, obvió así las dobles facturas detectadas por la Intervención General del Estado, las declaraciones del arquitecto que diseñó el edificio y que reconoció que tuvo el pliego de condiciones técnicas antes de que se convocase el concurso, y la adjudicación a dedo a la empresa a la que Bárcenas pagó con dinero negro.
Las palabras más repetidas por Valdeón fueron “justicia” y “transparencia”, y anunció que la actual consejera de Economía, consejera de Hacienda en el momento de los hechos, Pilar del Olmo, comparecerá el próximo martes en las Cortes para dar las oportunas explicaciones.
Valdeón también tuvo que responder, por segunda vez, a las preguntas sobre el epígrafe de 'Gastos Diversos', y que tal y como desveló eldiario.es registró pagos sospechosos. El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, avanzó que había muchos más conceptos aún por desvelar y criticó que Valdeón se hubiese excusado en gastos para “menores tutelados”. Valdeón quiso responderle y le recriminó que siguiese insistiendo en unos gastos “perfectamente explicados”. Pero no supo aclarar, y mucho menos atribuir a gastos de “menores tutelados”, los gastos de más de 1.000 euros en un conocido pub de copas de Valladolid. “Seguro que hay una explicación y se dará”, dijo, ni a los más de 3.000 euros en multas de tráfico, “bueno habrá que ver qué son y seguro que no hay nada irregular”, ni a la factura de Casa Lucio que presentaron los voluntarios de Protección Civil que realizaron un curso en Madrid. “¿Excesivo?, bueno, no lo sé, ellos hacen su trabajo gratis”, justificó.
“Cada uno tiene su forma de organizarse, pero Luis Tudanca tiene tantos problemas y tanta inexperiencia, que quizás por eso insiste en gastos que están justificados”, remató.
