La justicia retira la máxima condecoración en vida a un condenado por torturas y otros tres comisarios

La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad del proceso por el que se concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial a cuatro comisarios del Cuerpo Nacional de Policía con motivo de su jubilación, entre ellos Héctor Moreno García, condenado en el pasado por torturas y que se benefició de un indulto del Gobierno de Aznar. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Confederación Española de Policía (CEP) en el que el sindicato policial alegaba que el Ministerio del Interior no había realizado la preceptiva consulta a los sindicatos.

El reconocimiento a los cuatro comisarios suponía un incremento en su pensión del 15% de manera mensual y vitalicia. Junto a Héctor Moreno García, exjefe superior de Policía en Cantabria, fueron condecorados con la Medalla de Plata otros dos comisarios por su jubilación el pasado año: el exjefe de Asuntos Internos Francisco Miguelañez y Francisco Rodríguez López, jefe superior en Melilla hasta su retirada. El cuarto condecorado con la Medalla de Plata fue José María Moreno, jubilado en 2020 siendo jefe superior en Canarias. La resolución que concede las condecoraciones iba firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

La polémica por la concesión de medallas pensionadas, y sobre todo su asignación a mandos que no ponen en riesgo su vida, se recrudeció en el seno de la Policía con estas cuatro condecoraciones de Plata. En la demanda de CEP, el sindicato alega que “no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido” para su concesión, lo que queda “vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical”.

“En la tramitación se ha obviado a las organizaciones sindicales, nunca la demandante ha tenido conocimiento del procedimientos de estas cuatro medallas; desconoce la unidad proponente de las mismas; no ha tenido plazo de cinco días para formular alegaciones y desconoce si se ha concedido por un hecho concreto o por trayectoria profesional. Absolutamente nada”, recogía la citada demanda. Y añadía: “La indignación se ha visto incrementada aún más al conocerse que a miembros del GEO y de la UIP desplegados en Kabul, arriesgando su vida de forma objetiva y acreditable, este año se les ha concedido una condecoración de menor rango”.

En su resolución, la Audiencia Nacional resuelve: “Debe reconocerse el derecho a la participación en el procedimiento de concesión a las organizaciones sindicales y así lo contempla la resolución cuya aplicación en este caso se ha omitido, que ya hemos dicho que consideramos aplicable. Esta omisión, por sí sola, hace nulos los nombramientos”.

CEP ha reaccionado hoy asegurando que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía evitaron consultar a los sindicatos esas cuatro medallas para que no denunciaran que “ese premio de fin de carrera ofende a miles de compañeros que se juegan la vida a diario y que no se van a casa, al cumplir los 65 años, con un apaga adicional todos los meses y con la condecoración de mayor nivel del Cuerpo a un funcionario en vida”.

Paliza en 1982

Los hechos por los que fue condenado Héctor Moreno García se produjeron el 29 de abril de 1982 en el barrio madrileño de Malasaña. Según la sentencia, dictada en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid, siete agentes detuvieron a varios transeúntes “sin causa alguna”. Uno de los policías, que no es identificado en el fallo, golpeó a uno de los ciudadanos con una pistola y después, junto a Moreno García, le restregaron la cabeza contra unos cubos de basura y le introdujeron en el vehículo policial. Otra de las víctimas fue golpeada en varias ocasiones con la puerta de un coche patrulla. Los policías, según el fallo, llamaban “canallas e hijos de puta” a los detenidos. Los golpes y amenazas continuaron en comisaría. Después, los agentes falsearon el atestado policial. Entre los detenidos había un abogado. 

Los policías implicados fueron condenados más de una década después a 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturas y detención ilegal. En 1998, cuatro años después, el Gobierno de Aznar conmutó la pena y estableció una suspensión de seis meses y un día siempre que ninguno de los cinco policías condenados volviera a “cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento” de la condena.