Badajoz, 18 dic (EFE).- La jueza instructora de la causa abierta a varios cargos de la Diputación pacense, entre ellos a su presidente, Miguel Ángel Gallardo, y a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha reclamado a esta institución provincial que aporte más documentación sobre el puesto de trabajo y las funciones de este último.
A través de una providencia, la magistrada Beatriz Biedma explica que en las “fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de puestos de trabajo” acometidas por la Diputación en los últimos cuatro años no figura, a diferencia de las demás, el apartado de “descripción de funciones del puesto de trabajo” en el caso de David Sánchez.
Por ello, ha instado a la institución provincial que aporte dicha descripciones de funciones de David Sánchez “a la mayor brevedad posible”.
Además, advierte de que en la documentación aportada por la Diputación no figura la aprobación definitiva del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales sobre condiciones de trabajo de puestos excluidos del proceso de negociación ni tampoco la publicación del texto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), como “condición para su entrada en vigor y efectos jurídicos”.
En otra providencia, a la que EFE también ha tenido acceso, la magistrada ha aceptado la petición del abogado de David Sánchez de aplazar la ronda de declaraciones que estaba prevista para el 10 de enero.
Dichas declaraciones tendrán lugar una semana después, el 17 de enero, día en el que deben declarar en calidad de investigados los que eran jefes de Servicio de Actividades Culturales y Gestión de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz cuando David Sánchez fue contratado por esta institución provincial como director de la Oficina de Artes Escénicas.
También fija para ese día la declaración como investigados tanto de la que fue directora del Área de Cultura como del diputado provincial de Cultura y Deportes, Francisco Martos.
Esta petición del abogado de David Sánchez no afecta a las dos sesiones anteriores de comparecencias judiciales, programadas para los días 8 y 9 de enero.
En la primera están citados a declarar como testigos responsables y exresponsables de dos conservatorios de música adscritos a la Diputación, así como de la Agencia Tributaria.
Un día después, el 9 de enero, deben comparecer en calidad de investigados David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, así como la exdiputada de Cultura Cristina Núñez y las exdirectoras de Cultura y Recurso Humanos Elisa Moriano y Juan Cintas, respectivamente.
Además, la magistrada informa de que las sesiones de las declaraciones de los investigados y testigos sólo podrá intervenir el letrado de Manos Limpias por lo que respecta a las acusaciones populares.
En este sentido, expone que las distintas acusaciones populares, entre las que figura Vox, la Fundación de Abogados Cristianos, Hazte Oír y Manos Limpias, entre otras, han acordado la unificación de todas ellas y su dirección recae en la representación legal de este último colectivo de cara a las citadas comparecencias.