El laxo régimen de incompatibilidades permite que Blanco use sus contactos con ministros para su consultora privada

La normativa que regula el régimen de incompatibilidades de los servidores públicos permite que diputados, senadores o eurodiputados puedan utilizar sus contactos en las administraciones públicas para sus negocios privados nada más acabar sus mandatos o en el mismo momento que dejen sus escaños. Las leyes avalan, por tanto, que el exministro y 'exnúmero dos' del PSOE, José Blanco, eurodiputado socialista hasta 2019, venda los servicios de su consultora privada Acento a importantes empresas cotizadas, asegurando que tiene contacto directo con los ministros del actual Gobierno de Pedro Sánchez, una práctica que reveló este lunes eldiario.es. 

En las leyes españolas las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese solo están contempladas para los altos cargos de la Administración General del Estado como ministros, secretarios de Estado, subsecretarios o directores generales de empresas públicas. Pero no para exdiputados, exsenadores o exeuroparlamentarios como Blanco, ni tampoco para consejeros de compañías cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Hace tres semanas, el exministro socialista fue precisamente nombrado consejero independiente de Enagás, una de las empresas participada por el SEPI, y lo fue a iniciativa del ente estatal, tal y como admitió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero a pesar de que podría darse un conflicto de intereses –Blanco forma parte de una empresa pública dependiente del Gobierno con el que dice poner en contacto a sus clientes–, esa designación tampoco choca con ningún de régimen de incompatibilidades ni le impide ejercer al frente de su grupo de presión, Acento –fundada con el también exdiputado socialista Antonio Hernando y de la que recientemente ha sido nombrado presidente el exlíder del PP vasco Alfonso Alonso–, pese a gozar todavía de influencia en el Ejecutivo.

La normativa de 2015 establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, ni “podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos directa o indirectamente en más del diez por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la administración pública (...) siempre que guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía”.

Los casos de Tejerina y Escolano

Blanco, en todo caso, dejó de ser ministro de Fomento en diciembre de 2011, cuando aún no había sido aprobada la mencionada normativa que limita el ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese. Y en el caso de que hubiera estado en vigor, tan solo le habría impedido su actividad lobbista con la administración pública hasta dos años después, diciembre de 2013.

Recientemente, otra exministra, la popular Isabel García Tejerina, tuvo que esperar a que en junio se cumplieran los dos años de su salida del último Gobierno de Mariano Rajoy para poder incorporarse a otra consultora, EY, con vinculaciones con el sector público, precisamente por el citado régimen de incompatibilidades.

La ley de 2015 abre la puerta a que los altos cargos se incorporen a empresas privadas antes de esos dos años, aunque siempre con permiso de la Oficina de Conflicto de Intereses dependiente del Ministerio de Función Pública, que sí avaló, por ejemplo, que el exministro de Economía Román Escolano –que como Tejerina también dejó su cargo en junio de 2018– fichara por LLyC en 2019.

Acento, la consultora fundada por Blanco y por el también exdiputado socialista Antonio Hernando, ofrece como servicios a las empresas privadas “una interlocución permanente con los poderes públicos y otros stakeholders sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía”. En su actividad, Acento también propone como líneas de actuación “facilitar la interlocución entre la compañía y el Gobierno, teniendo en cuenta el valor añadido, las oportunidades y potencialidades de la empresa” o “establecer un diálogo permanente con los responsables de las Administraciones y Ministerios en las iniciativas normativas y legales que puedan afectar a los intereses e inversiones de la compañía”.

De hecho, en los dosieres de la consultora aparecen varios ministros actuales del Gobierno como los interlocutores a nivel estatal a los que tienen acceso tanto Blanco como Hernando, que aparecen como líderes del proyecto. Entre ellos se puede encontrar al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto o la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Las incompatibilidades de los diputados

Pese a que apenas ha transcurrido un año desde que Blanco dejó su escaño en Bruselas, la legislación actual no prohíbe en ningún caso que el exministro pueda utilizar esos contactos en el Gobierno para obtener clientes y realizar gestiones para su consultora privada. Las incompatibilidades de diputados, senadores y europarlamentarios solo están recogidas para el periodo en que los electos ejercen sus responsabilidades en las distintas cámaras.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) se limita a señalar que “el mandato” de los diputados del Parlamento Europeo “se ejercerá en régimen de dedicación absoluta”, y que los europarlamentarios “no podrán percibir con cargo a los presupuestos del sector público estatal, autonómico o local ninguna remuneración, salvo la que, en su caso, pudiera corresponderles por su condición de tales”, ni “formar parte de los órganos colegiados de dirección o consejos de administración de organismos, entes públicos o empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta”.

Asimismo, el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo de 1976, que sigue regulando la actividad de los eurodiputados, establece también incompatibilidades referidas exclusivamente al periodo de mandato.

Pero la normativa solo se refiere al tiempo en el que mantengan sus escaños. Una vez finalizado el mandato, como es el caso de Blanco, existe vía libre para realizar cualquier tipo de actividad privada utilizando la influencia en gobiernos, parlamentos o distintas administraciones públicas.