La megafonía del hemiciclo tenía algunos problemas técnicos el martes durante el debate, que se suponía definitivo, sobre la ley de amnistía. Vamos, que se oía medio bien en un lugar donde la acústica no da para muchos alardes. Además, los diputados del Partido Popular no podían contener las ganas de contarse cómo les había ido el fin de semana. Intervenían los portavoces de los grupos que presentaban enmiendas y era como si estuvieran leyendo el listín telefónico, al menos para los representantes del PP.
González Pons se puso en pie, dio la espalda a la tribuna y estuvo varios minutos hablando con una compañera de escaño de la fila de atrás. Sólo le faltó la cerveza en la mano. ¿Para qué se iban a molestar en prestar atención si dos jueces ya habían hecho el trabajo necesario para frenar en seco la proposición de ley?
Esta ley había llegado al Congreso como la condición esencial de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Al final, no salió adelante por culpa de los siete votos de Junts. Si alguien no lo entiende, no pasa nada. La política española no es la línea más corta entre dos puntos. Digamos que se proyecta en varias direcciones de forma sucesiva hasta llegar al punto de destino, que estará más o menos cerca del elegido antes. Para compensar, el trayecto se hace muy entretenido.
Junts no estaba a favor de la proposición de la que llevaba hablando tanto tiempo por los acontecimientos ocurridos no en la Cámara, sino en dos juzgados que han resucitado causas del procés que llevaban hibernadas unos cuantos años. El objetivo de los magistrados es intentar relacionar a Carles Puigdemont con el terrorismo, la traición a España y otras maldades escalofriantes. Las pruebas no son sólidas, pero con menos de eso se han mantenido vivas algunas investigaciones judiciales durante años.
“Esta ley tiene agujeros que hacen que la justicia prevaricadora española pueda dejarla en papel mojado”, fue el argumento empleado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que justificó así la presentación de unas enmiendas que mencionaban el terrorismo como uno de los delitos amnistiables. El PSOE no estaba dispuesto a pasar por eso. Aumentaría en mucho las posibilidades de que un recurso judicial tenga éxito en el Tribunal de Justicia de la UE. Las enmiendas fueron derrotadas. La que más votos sacó tuvo 57.
Los socialistas no eran los únicos en discrepar de Junts. Esquerra votó a favor del proyecto al pensar que el trabajo legislativo era bastante sólido. “Esta ley está dotada de la fuerza suficiente para no ir cambiando en función de las investigaciones de unos jueces que prevarican y quieren hacer naufragar a esta ley”, dijo Pilar Valluguera. El discurso de la portavoz tampoco fue un plato muy digerible para los socialistas. Afirmó que la ley es necesaria para demostrar “la falta de calidad subyacente en el sistema democrático”. Con socios así, es conveniente no comer fuerte antes de los discursos.
Los partidos que apoyan al Gobierno tuvieron barra libre para señalar directamente a esos jueces por sus decisiones de las últimas semanas. Gerardo Pisarello, de Sumar, puso a caldo a Manuel García-Castellón: “Este juez, ciego ante la corrupción del PP y que persiguió a Podemos hasta la extenuación antes de verse obligado a archivar todas sus causas, ahora ve terrorismo retrospectivo y traidores a la patria por doquier”.
Los recursos de la Fiscalía y las defensas pueden condicionar las decisiones de esos jueces, pero no marcarles el camino por completo. Ambos acaban de prorrogar la instrucción de esos casos durante seis meses más. Tienen tiempo de sobra para seguir tirando clavos al paso de los coches oficiales del Gobierno y luego volver riendo a su despacho.
Junts votó a favor del dictamen que había salido de la Comisión de Justicia, pero luego en contra de la ley, que acabó siendo derrotada por 179 votos a 171. Eso quiere decir que se inicia un periodo máximo de un mes –o quince días si los letrados dictan que continúa siendo un procedimiento de urgencia– en el que la Comisión vuelve a retomar la proposición, lo que permitirá nuevas negociaciones del PSOE y Junts.
¿Qué harán los nacionalistas catalanes durante ese tiempo con las demás votaciones que se produzcan en el Congreso, por ejemplo con la convalidación de decretos ley? Cada uno puede imaginar lo que quiera. Si en el PSOE creen que votarán con el Gobierno, sólo tienen que recordar lo que sucedió con el decreto de reforma del subsidio de desempleo. Pista: no salió bien.
Toda esta confusión era una excelente noticia para el PP. Fue Feijóo el que habló en nombre de su partido, porque no desaprovecha ninguna oportunidad para comparecer en público sobre la amnistía. Sale a discurso o entrevista diarios. Su 'horror vacui' le impide dejar que sea otro dirigente del partido el que exprese el mensaje. Menos iba a dar paso a otros en el día en que pudo carcajearse por el fracaso de la ley. “La humillación es constante. Cada votación es un calvario”, presumió.
Al final de la jornada, compareció el ministro de Presidencia con la misión de criticar a sus socios, que se habían lanzado contra los jueces García Castellón y Aguirre. Félix Bolaños mostró su “rechazo más absoluto” a esas críticas. “España es un Estado de derecho con jueces que realizan su labor de manera profesional y con rigor”, dijo. Qué otra cosa iba a decir cuando el miércoles tiene que estar en Bruselas negociando con el comisario Reynders y González Pons en esa otra misión imposible que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Los socios pueden decir lo que quieran, pero Bolaños es el que debe presentarse ante la Comisión Europea con el mensaje de que la justicia española va de cine y que su único problema es el boicot del PP a la renovación del CGPJ.
Bolaños no dio mucho margen en público a la negociación con Junts. Defendió que la ley de amnistía “entró impecable en el Congreso y así va a salir”. En las próximas semanas, se verá si los de Puigdemont comparten sus ideas sobre higiene y elegancia y, aun más importante, si estos van a utilizar algunas votaciones en el Congreso con la intención de apretar las tuercas a Moncloa. Ante la duda, lo mejor para el Gobierno es que no lleve al legislativo temas muy importantes. Sin la ley de amnistía en el bolsillo, se puede encontrar con alguna sorpresa.