La reforma que cambiará la Ley de Costas de 1988 pasa hoy su último examen parlamentario, con la previsible aprobación en el Congreso de los Diputados de las enmiendas remitidas por el Senado.
Con este último trámite la nueva norma está lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.
La reforma, ha sido muy contestada por los partidos de izquierda y ecologistas porque consideran que desprotege y privatiza el litoral.
A todos ellos no les ha gustado que se amplíe a 75 años más las concesiones otorgadas a miles de viviendas asentadas sobre dominio publico marítimo terrestre, ni que los chiringuitos obtengan concesiones de cuatro años, en vez de anuales.
También se ha criticado la reducción de 100 a 20 metros de la franja de protección del litoral y la amnistía a 12 núcleos urbanos de Alicante, Girona, Huelva, Málaga, Valencia, Castellón y Pontevedra.
Tanto el Gobierno como el Partido Popular han insistido en que la ley no permitirá nuevas construcciones en la franja del litoral protegido y en que el objetivo principal de la reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que generó la anterior ley.